Mascarilla, protector facial, delantal plástico, cubre zapatos y guantes. Aunque suene exagerado, el debate sobre cómo se hará el plebiscito del 25 de octubre – para definir si se discute una nueva Constitución o no- sin correr el riesgo de contagiarse por COVID 19, se ha tomado la agenda.
Lo cierto es que esta consulta ciudadana -que originalmente estaba planificada para abril, pero tuvo que ser pospuesta por la pandemia- se realizará en condiciones menos que óptimas: con un país encuarentenado, con restricciones de movilidad, una crisis sanitaria que continúa acechando, un panorama económico desolador y un estado de incertidumbre permanente.
Esta situación fue la base del proyecto de ley que hace unos días aprobó el Congreso y que dotó de nuevas atribuciones al Servel, de manera de que puedan tomar decisiones extraordinarias en materia de organización del plebiscito, para evitar los contagios y certificar la seguridad del proceso para los votantes.
Pero son precisamente las dificultades que se visualizan, las que han llevado a la clase política a generar distintas hipótesis de qué se debe hacer con la consulta para que esta cumpla con las características de legitimidad y seguridad requeridas: postergarlo nuevamente o incluso establecer pisos mínimos de participación, han sido algunas de las alternativas que esta semana se han tomado el debate.
Posponerlo una vez más parece ser impopular, tanto porque extender el periodo de incertidumbre no le haría bien al país, ni política ni económicamente, pero también porque es una deuda pendiente con los chilenos, que en masa se pronunciaron a favor de una nueva Carta Fundamental en el estallido social de octubre pasado. Frente a ello, otros plantean que realizarlo en abril del próximo año, para hacerlo coincidir con los comicios municipales, permitiría que la votación se produzca en un escenario de mayor normalidad, lo que no parece del todo realista.
Otro tema es el de la participación. En el oficialismo se ha planteado fuertemente la idea de exigir un piso mínimo de asistencia a las urnas, de manera de asegurar la legitimidad del proceso. Así, el senador Francisco Chahuán -que lidera la opción del Rechazo- presentó la semana pasada una reforma constitucional que busca fijar un piso mínimo de participación, del 50% del padrón. Sin embargo, esta posibilidad es más bien una forma de hacerle una trampa a la democracia y ha sido rechazada de plano por la oposición.
Un escenario así daría pie para cuestionarse todas las elecciones de aquí para adelante, considerando datos como que en Estados Unidos la participación bordea el 50% en promedio y que, en nuestro país, durante las elecciones pasadas apenas votó un 46,8% de los habilitados para sufragar. ¿Debiéramos entonces pensar en poner un piso mínimo de participación también para las presidenciales y parlamentarias, de manera de asegurar la legitimidad de quienes resulten electos? ¿Y si no se logra ese piso, entonces dejar vacantes los cargos? Carece de toda lógica.
La decisión de escoger libremente si ese día cada uno se dirigirá o no a votar es parte de una prerrogativa incluso contenida en la legislación, desde el momento en el que se estableció el voto voluntario. ¿Sería entonces una alternativa volver al sufragio obligatorio y borrar con el codo lo escrito en los últimos procesos eleccionarios del país, a partir de la utilidad del momento? No parece tener mucho sentido tampoco.
Efectivamente, una condición sine qua non para que el plebiscito funcione y la Constitución tenga una base de legitimidad adecuada, es potenciar la participación, pero esto debe hacerse por la vía de la motivación del electorado, no por secretaría. No parece sensato ni lógico que hace unos años el voto voluntario haya sido la panacea y hoy, porque se ve una situación que puede ser adversa para algunos, se quieran modificar las reglas a conveniencia. Así no funciona una democracia seria.
Ahora, si la preocupación efectivamente apunta a evitar los contagios y asegurar la participación ciudadana, es el gobierno y el Servel, en particular, los encargados de que el proceso se realice de la manera más segura posible, desde el punto de vista sanitario. Y es responsabilidad de los partidos -tanto del Rechazo como del Apruebo- hacer la “pega” y motivar a la ciudadanía para que vaya a sufragar, para que entienda la importancia del proceso y decida participar. Cualquier otra cosa significa torcerle la mano a la democracia y avanzar a la categoría de país bananero.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.