La Comisión de Expertos descartó la objeción de conciencia personal e institucional. El tema es sensible para republicanos, lo que anticipa su reposición. Examinémoslo.
Hay buenas razones para proteger la libertad de conciencia. La conciencia de cada cual refiere a asuntos valóricos fundamentales, a significados últimos, a la integridad moral. Obligar a alguien a actuar contra su conciencia viola su integridad; con Roger Williams, se trata de una “violación del alma”. La objeción de conciencia es así importante. Ella no implica que la conciencia de cada cual prime por sobre las leyes, transformándose (citando al juez Scalia en Smith, caso rector de la Corte Suprema sobre exenciones individuales) en “una ley en sí misma”. Es más restringido: en ciertas ocasiones las personas deben gozar de una protección especial cuando la ley las obliga a actuar contra su conciencia. Piense en un cuáquero reclutado para una guerra en que tendrá que matar; o en un Testigo de Jehová que renuncia para no transgredir su conciencia trabajando acero que se utilizará para construir tanques (aquí surge la pregunta sobre la compensación).
La libertad de conciencia institucional es diferente. Evidentemente las instituciones pueden ser expresivas, es decir expresar valoraciones (religiosas y seculares) que las definen. Si la ley las obliga a actuar contraviniéndolas, se compromete su “voz” (la expresión es del caso Jaycees –una asociación secular que discrimina mujeres). Hay así buenas razones para otorgar protección especial a algunas instituciones en contextos específicos. Pero las instituciones y contextos son diferentes en modos relevantes. Como reconocen los liberales (no así los libertarios), nuestro interés en discriminar para desplegar nuestra vida, compite con otro interés fundamental en no ser discriminados en ciertos contextos en que serlo tiene implicancias profundas en nuestra vida. Es así que (hasta la locura del caso Hobby Lobby) era evidente que las instituciones con fines de lucro no deben poder hacer valer su conciencia para no cumplir la ley. Tampoco las instituciones expresivas tienen carta blanca para no hacerlo. En el caso Bob Jones, una universidad cristiana que por su doctrina impedía las citas interraciales, la Corte decidió que administrar una universidad no pertenece a la doctrina, así que, si lo hacen, no pueden violar la ley.
En mi libro Multiculturalismo, Identidad, Plurinacionalidad, y todas esas cosas (FCE 2023) argumento a favor de un entendimiento muy amplio de la libertad asociativa expresiva. Pero dar rango constitucional a la objeción de conciencia institucional es un exceso; uno que puede hacer primar la conciencia de unos pocos por sobre la libertad de muchos. Si las instituciones (cuáles, en qué contextos y condiciones, etc.) deben poder hacer valer su conciencia, debe ser materia de ley.
Publicada en La Segunda.