La Tercera
Señor director
La declaración del Presidente de Bolivia sobre demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el río Silala marca un cambio relevante en la relación bilateral con nuestro país. No sólo por la gravedad que representa una nueva demanda, sino porque este tema fue el único de la Agenda de los 13 Puntos en que se llegó a un acuerdo, aunque el resultado fuese el incumplimiento boliviano. Ahora el país vecino va un paso mas allá, al descartar el valor de la palabra empeñada.
Esta situación deja claro que el objetivo boliviano no es la satisfacción de un derecho afectado, sino generar un hecho político en la complicada posición del Presidente Morales, atrapado en una crisis de legitimidad por las acusaciones de tráfico de influencias y por la derrota en el referéndum que buscaba modificar la Constitución para permitir su nueva reelección.
El uso político del sistema jurídico internacional con este nivel de tosquedad, hace que permanecer en el Pacto de Bogotá se vuelva más difícil para Chile. ¿Qué sentido tiene permanecer en un sistema que sólo se presta para un evidente y burdo uso político?
Permanecer sólo permite que Morales, y quién sabe cuántos después de él, inventen nuevos casos por los cuales demandar a nuestro país. Y si bien el retiro del Pacto implica un año de espera, al menos impondría un plazo para enfrentar una actitud que será permanente en el Presidente boliviano, a quien restan al menos cuatro años de gobierno.
La trágica conclusión es que mientras Chile considera al sistema jurídico internacional desde una perspectiva técnica, otros estados no trepidan en usarlo para objetivos más pedestres. Es lamentable que Chile sea el instrumento usado para demostrar aquello.