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Nueva Constitución: Estado empresario o subsidiario

24 de Mayo 2021 Columnas

Hoy surge la pregunta de si ciertas materias de interés público deben ser incorporadas en la Constitución. Uno de estos ámbitos es el de las políticas de desarrollo productivo, en el que existe la concepción de que la Constitución vigente consagraría el principio del rol subsidiario del Estado, restringiendo las políticas públicas disponibles en este ámbito. En la visión ortodoxa del rol subsidiario del Estado, no sería aceptable que este juegue un rol catalizador proactivo, selectivo de procesos de innovación que son de carácter sistémico.

No obstante, esta visión extrema del principio de subsidiariedad no está plasmada en la Constitución. Lo más cercano que tiene el actual texto a este tema es el artículo 19 número 21, sobre libertad de emprender, igualdad ante la ley, derecho de propiedad y el uso, o mal uso, del recurso de amparo económico.

Hay “leyes de amarre” sin duda, que restringen el rol de fomento del Estado. Por ejemplo, CORFO hoy día no puede participar, como aportante accionario de capital de riesgo, ni siquiera en forma minoritaria. Tampoco puede participar en la creación de institutos tecnológicos que presten servicios, porque se interpreta que esos servicios están violando la ley del Estado empresario. Estas restricciones limitan que el Estado pueda cumplir un rol efectivo de catalizador de la innovación y el emprendimiento dinámico.

Existen en las políticas de desarrollo productivo también las fallas del Estado y el riesgo de captura. No obstante, en Chile el problema principal son las inconsistencias dinámicas y los drásticos cambios en las políticas públicas de innovación, lo cual las hace poco efectivas dado el horizonte de largo plazo que se requiere para que maduren. Justamente para reducir la inconsistencia dinámica, generar evaluación independiente y rendición de cuentas se creó el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. No obstante, su dependencia del Poder Ejecutivo le ha impedido cumplir su rol a cabalidad. Esta entidad pública se podría estructurar como una institución autónoma, con consejos meso regionales y con la obligación de proponer cada cuatro años la actualización de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El rol del Ejecutivo sería pronunciarse fundadamente sobre las propuestas y definir una política de Ciencia, Tecnología e Innovación con presupuestos plurianuales aprobados por el Legislativo.

El avance a un desarrollo sostenible e inclusivo no exige un Estado empresario, ni subsidiario, requiere que el Estado pueda impulsar una estrategia de desarrollo productivo con horizonte de largo plazo e instrumentos y políticas que permitan proactivamente, establecer propósitos y metas, movilizar a diferentes actores de la sociedad, resolver las fallas de coordinación y generar un círculo virtuoso entre innovación, emprendimiento dinámico, sofisticación productiva y formación de capital humano. Así mejoraremos la distribución fundacional del ingreso, generaremos los empleos de calidad que requieren nuestros jóvenes y mejoraremos la cohesión social.

Publicada por Diario Financiero.

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