Este Consejo fue creado por decreto en junio de 2018. Su composición es plural y, debido al largo tiempo que toma llevar adelante reformas en el Estado, se proyecta permanente gracias a una renovación periódica y alternada de sus miembros.

Ante la pandemia del covid-19 y los eventos iniciados el 18-O, los consejeros abajo firmantes manifestamos que mejorar nuestro Estado es urgente y necesario para abordar estos nuevos desafíos, junto con otros que se arrastran por años.

El estallido social hizo ver, aún con más fuerza, las carencias de nuestro Estado en materia de salud, pensiones, seguridad pública y control del orden público, entre otras. También hizo patente lo mucho que falta para un trato digno desde el Estado a los ciudadanos, ya sea en lo policial como en muchos otros servicios públicos. Por su parte, la crisis del covid-19 confirma la enorme necesidad de un expedito funcionamiento del centro de gobierno y de los ministerios sectoriales ante emergencias, reiterando lo que debimos haber aprendido con el terremoto y maremoto de 2010.

Este Consejo ya ha elaborado propuestas sobre a) reforma del empleo público; b) reforma de la Contraloría General de la República; c) mejoras al proceso de descentralización; y d) flexibilización de la estructura general de gobierno. Están disponibles en www.modernizacion.gob.cl. Justo antes de la pandemia, habíamos comenzado a trabajar en la institucionalidad de la seguridad pública; la reforma del sistema de indicadores de gestión de los servicios públicos; así como en la institucionalidad aeroportuaria y de fronteras. En todos estos temas hay “huesos duros de roer”, que han sido difíciles de abordar por décadas.

El país no puede permitirse la postergación permanente de tantos desafíos de reforma del Estado. Sabemos que la agenda política y electoral siempre dará urgencia a otras materias. Chile necesita imperativamente conciliar las demandas de las elecciones y las urgencias de los gobiernos con los plazos mayores que toma reformar el Estado.

Veamos el empleo público: un Estado con 70% de personal a contrata, con baja rotación efectiva y temor a la no renovación, genera inestabilidad interna y traslada la gestión de personas y sus diferencias a decisiones de los tribunales, cuya función no necesariamente prioriza prestar el mejor servicio a la ciudadanía de modo sostenible y a costo prudente. Veamos la Contraloría: sus dificultades de gobernanza han sido de público conocimiento. Veamos la descentralización del país: la necesidad de continuar con un proceso adecuado sigue pendiente.

Ante la pandemia, este Consejo recomienda abordar de inmediato el desarrollo coordinado de las tecnologías necesarias para enfrentarla. Esto requiere: a) acceso rápido pero transparente a datos, para generar inteligencia colectiva sobre el contagio y el control de su propagación; b) perfeccionamiento y facilitación de los múltiples trámites que los ciudadanos necesitan realizar a distancia, autentificando a las personas, con aplicación efectiva de la firma electrónica y la clave única; y c) dar acceso equitativo a internet a todos los ciudadanos, en especial a estudiantes de bajos ingresos.

Este Estado de Catástrofe también hace imperativo construir consensos y establecer una nítida línea entre el uso masivo de los datos personales para controlar la pandemia —como se ha logrado con efectividad en países asiáticos— y la protección de la privacidad de los datos personales. Esa conciliación debe reservar el uso masivo de ciertos datos a algún estado de excepción, cuya duración es temporal. Ahora, ya en la excepción, instamos a empoderar a alguna autoridad para coordinar a las agencias estatales y servicios que sean fuente o usuarios de los datos, con las responsabilidades del caso. Por ello hay que normar urgentemente, para establecer qué datos se pueden usar, quién puede usarlos y por cuánto tiempo, con severas penas para quienes utilicen la información con otros fines y también debe haber el necesario control por una entidad independiente que asegure el cumplimiento estricto de lo que sea autorizado.

Modernizar nuestro Estado es un imperativo cívico y moral cada vez más urgente.

Publicada en El Mercurio.