¿Por qué no dejar de una buena vez el tema constitucional en manos del Congreso? ¿Para qué elegimos una “Convención” y luego un “Consejo” para elaborar una Constitución? Las respuestas son simples: porque los parlamentarios tienen obvios conflictos de interés a la hora de modificar las reglas electorales bajo las cuales son electos, y porque ocurre que el problema central del sistema político es que con veintidós partidos en el Parlamento los costos de transacción de los proyectos de ley importantes se hacen irremontables.

La fragmentación inevitablemente conduce a problemas de gobernabilidad. Ocurre que a medida que aumenta el número de partidos, aumenta el número de grupos de interés a representar. Al poco andar, se arman gallitos políticos. Mientras los parlamentarios discuten cómo coordinarse, la suspicacia corroe la confianza. El pueblo espera soluciones concretas y el gobierno no la puede entregar. Eventualmente la cosa explota, como lo hizo en 1924, lo que terminó abriéndole paso a la dictadura del general Ibáñez.

Pero hoy el peligro no es la bota militar, sino el autoritarismo populista, que con disfraces democráticos mina y detona la libertad.

La mala noticia es que en Chile la fragmentación ha ido en aumento exponencial (Bunker, 2023). Hoy hay veintidós partidos en el Parlamento y gracias a eso nada es mejor. Cuando los partidos no se logran poner de acuerdo decrece la calidad de vida. La economía lleva diez años estancada y el peligro de que surja un líder populista que prometa barrer con las instituciones aumenta todos los días un poco más.

Lo positivo es que hay cosas que se pueden hacer para detener la fragmentación, como lo sugiere la evidencia comparada (Shugart y Taagepera, 2017) y se ha corroborado en el caso chileno (Bunker, 2023). Los datos muestran que en los últimos 30 años la fragmentación se ha debido principalmente al aumento en el promedio de escaños por distrito y el número total de parlamentarios.

Afortunadamente, el Consejo Constitucional ha propuesto reducir el número de parlamentarios por distrito de dos a seis. Es una medida positiva, en tanto disminuirá el número de partidos y se aseguraría que cada parlamentario electo lo haga con más votos en promedio. Así, se reduciría la fragmentación sin sacrificar la representación.

En la misma línea el Consejo ha propuesto reducir el número total de parlamentarios. La literatura discute el tema a partir de las democracias reales. Es lo que hace Taagepera (1972), por ejemplo, que concluye que el número de parlamentarios debe corresponder aproximadamente a la raíz cúbica de la población. Estudios más recientes complejizan la fórmula (ver Margaritondo, 2021), y bajo la nueva lógica, el número propuesto por el Consejo Constitucional no solo sería razonable, sino que además posicionaría al país en el vecindario de democracias como las de Bélgica, Holanda y Austria (Bunker, 2023).

Estas reglas por sí solas serían funcionales para reducir el número de listas electorales. De hecho, se estima que se estabilizarían entre tres y cuatro. Y si bien cada lista seguiría conformada por varios partidos, las listas serían pocas, pero grandes. Así se reduciría la fragmentación efectiva y disminuirían los costos de transacción. Ganaría la gobernabilidad.

Ahora, para disminuir el número de partidos lo más eficaz es prohibir los pactos electorales, como se hizo entre 1953 y comienzos de los 70. De diecisiete partidos, el sistema se estabilizó en torno a siete (Gamboa, 2011). Esta opción se dejó de lado.

En su lugar se ha propuesto un umbral del 5% de los votos. A diferencia del incentivo que ejercería la reducción en el número de escaños, que sería antes de la elección, la medida del umbral operaría ex post. Es una norma que ha dado resultados en el sistema alemán. Y si bien tendría excepciones y disposiciones transitorias en Chile, apunta en la misma dirección: eliminar minipartidos que traen más problemas que soluciones.

En definitiva, tanto la Comisión Experta, de forma más tímida, como el Consejo, de manera más resuelta, han apuntado a mejorar la gobernabilidad. Es especialmente destacable la propuesta de reducir el número total de parlamentarios y el promedio de parlamentarios por distrito.

Estimamos que las medidas serían útiles para reducir la fragmentación, y de ese modo, incrementar la gobernabilidad. Esto es crucial: sin gobernabilidad no hay canales eficaces para la concreción de la voluntad de los ciudadanos. Por tanto, no hay estabilidad institucional. Y es, justamente, gobernabilidad y estabilidad lo que caracteriza a los países que llamamos desarrollados.

Publicada en El Mercurio.