Esta semana estaba escribiendo sobre la decisión del gobierno de Gabriel Boric de instalar un “estado intermedio constitucional” en la Macrozona Sur. Pero, mientras estaba en eso, se conoció la triste noticia de que Francisca Sandoval, la periodista de Señal 3 de La Victoria que fue baleada en Meiggs, había fallecido.

En Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, aun cuando en dictadura hubo casos dramáticos, como el de José Carrasco. En general, desde el retorno a la democracia, aquí se puede tener muchas críticas y aprehensiones sobre la libertad de prensa y las líneas editoriales de los medios, pero los periodistas no mueren, a diferencia de lo que sucede en otras zonas de la región.

Por eso quizás el fallecimiento de Francisca Sandoval duele tanto –aun sin haberla conocido- y debiera lastimarnos como país, porque en medio del clima de violencia e inseguridad que se ha ido instalando, estas noticias -baleos, ajustes de cuentas, asesinatos, descuartizamientos e incluso disparos que terminan con la vida de niños y niñas- se están transformando en “normales”.

Pero no lo son. Y menos cuando se convierte en una amenaza a la libertad de prensa, soporte esencial para el funcionamiento de la democracia, lo que ha sido extensamente documentado tanto desde la academia como a partir de organismos como la ONU, que establece que esta facultad es parte de los derechos fundamentales.

Hace poco menos de dos semanas en el mundo se conmemoró el Día de la Libertad de prensa. Precisamente en esos días apareció el ranking anual que prepara la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde se mide el estado de este derecho en el mundo. Tradicionalmente, Chile se encontraba en las mejores posiciones respecto del resto de América Latina y en un lugar bastante digno al comparársele con naciones más desarrolladas.

Pero hace ya algunos años, sobre todo tras el estallido social y posteriormente a partir de la pandemia por COVID-19, comenzamos a caer. Parece que –al igual que con el tema económico- no éramos los “tigres” de la región en cuanto a garantizar el derecho a informar y ser informado. Así, en su edición 2022, bajamos 28 puestos, instalándonos en la zona que RSF define como “problemática”.

Esto nos sitúa en color naranjo, al mismo nivel de Brasil o Perú, y superados por Argentina. Según la organización –que trabaja con expertos y académicos de distintos países, y cuya sede principal está en Francia- la libertad de prensa se trata de “la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones en aras del interés general. Independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin amenazas para su seguridad física y mental”.

Claramente, el asesinato de Francisca Sandoval es una muestra triste y patente de que este derecho está en grave riesgo en nuestro país, pese a que nos encontramos en un momento en el que la democratización de la información –gracias precisamente a los medios digitales e independientes, y las redes sociales- ha permitido un pluralismo que no habíamos visto en los últimos 40 años.

Pero, paradójicamente, estos mismos reporteros y comunicadores han comenzado a ser objeto de agresiones reiteradas, lo que tampoco habíamos vivido desde el regreso de la democracia. Basta recordar sucesos como el del equipo de TVN que fue baleado mientras trabajaba entre Cañete y Tirúa; el espionaje a los periodistas que reporteaban el fraude del Ejército por parte de esta misma institución o las presiones de distintos sectores políticos a los medios, cuyo caso más emblemático sucedió durante el gobierno de Sebastián Piñera, con llamados telefónicos a La Red para cuestionar su línea editorial.

Y esto suma y sigue. Pese a que el Presidente Gabriel Boric y su gobierno entregaron condolencias públicas por el asesinato de Francisca Sandoval, lo cierto es que desde su instalación han sido recurrentes los mensajes en torno a intentar “enseñarle” a los medios cómo hacer su labor, desacreditando el trabajo de los reporteros.

Sea por la razón o la fuerza, cualquier intento por desprestigiar a los medios de comunicación y la labor que realizan, es un atentado a la libertad de prensa que costó mucho recuperar al término de la dictadura y por la que tantas y tantos comunicadores lucharon durante esos 17 años. Ahora, pensábamos que la vida no estaba en riesgo, pero la delincuencia y la violencia también están extendiendo sus tentáculos para reprimir a la prensa y evitar que Ud., lector o lectora, pueda entender, reflexionar y fiscalizar lo que en Chile pasa.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.