Cuando uno mira la experiencia internacional, la mejor manera de simplificar el sistema de pensiones chileno e introducir mayor competencia se encuentra en un lugar distinto al que se discute en la actualidad: en agrupar a la mayoría de los servicios de las AFP en un ente centralizado (de carácter público o privado, elegido mediante licitación), dejando a las AFP el rol de invertir los fondos de los afiliados. Un sistema de este tipo, existente en Suecia, por ejemplo, ha probado reducir los costos del sistema (al evitar duplicaciones en servicios comunes como la atención al público o el manejo de las cuentas individuales) y aumenta fuertemente la competencia, al facilitar la entrada y salida al mercado de administración financiera.
En este sentido, la propuesta del gobierno anterior de crear una nueva entidad que administre los recursos adicionales aparecía como un primer paso en la creación de un recaudador centralizado. En tanto, el esquema actualmente propuesto (de permitir la administración del 4% adicional a entidades distintas a las AFP) es difícil de justificar desde el punto de vista de la eficiencia y no parece la mejor manera de incentivar la competencia en esta industria.
En cualquier caso, la propuesta facilitaría la entrada de nuevos actores (con giro exclusivo), sin requerir de éstos que tuvieran que hacerse cargo de la administración de las cuentas individuales, la atención a público u otras funciones que sí deben realizar las AFP. En otras palabras, la propuesta se acercaría a la idea del recaudador centralizado, al facilitar la entrada y salida de nuevos actores, pero sin aprovechar las economías de escala de una centralización efectiva de las otras funciones (pues estas seguirían estando descentralizadas en las AFP).
Acá vale la pena destacar un punto: la prohibición a las AFP de cobrar una comisión especial por las nuevas funciones no parece demasiado práctica, pues las AFP no tienen actualmente restricciones en las comisiones que cobran y podrían ajustar las actuales al asumir estas nuevas funciones.
Asimismo, la prohibición de participar en la gestión del 4% por parte de las AFP crea una situación inusual en la que las firmas tendrían que elegir si desean participar en uno u otro mercado (pero no en los dos). Por un lado, esto podría facilitar la entrada de nuevos actores al manejo de fondos de pensiones, particularmente empresas que no desean hacerse cargo de las otras funciones actualmente asignadas a las AFP. Sin embargo, ello no necesariamente aumentaría la competencia en la administración del 10% de los aportes, pues las empresas no podrían fácilmente transitar desde la gestión del 4% hacia la industria de AFP.
En definitiva, la propuesta implica algunas de las virtudes del modelo de recaudación centralizada (facilitar la entrada y salida de actores al mercado de administración de fondos de pensiones) pero al mantener la estructura descentralizada de la mayoría de los servicios, no se aprovechan las ganancias de eficiencia por economías de escala. En el largo plazo, es de esperarse que la aparición de nuevos actores eventualmente redundara en mayor competencia en el mercado de AFP, aunque esto no está garantizado.
Publicada en El Mercurio.