Solo la magnitud del triunfo del Rechazo puede explicar que las fuerzas oficialistas terminaran firmando el acuerdo que da inicio al nuevo proceso constituyente. Un acuerdo que es el certificado de defunción del proceso anterior, de su imaginario refundacional y de sus lógicas. Como si su objetivo hubiera sido generar una antítesis casi perfecta, ser la contracara de esa pulsión maximalista que un día creyó posible iniciar la reescritura de Chile desde una página en blanco.

Aceptando la veracidad del respaldo ciudadano al rol incidente de “los expertos”, la decisión fue dejar al órgano electo sometido a un complejo sistema de equilibrios y contrapesos, sin listas de independientes y con un margen mucho más acotado para los pueblos originarios. Cambiando a su vez el sistema electoral y usando ahora como “espejo” al Senado, precisamente la institución que los partidarios del Apruebo buscaban eliminar, los nuevos consejeros serán cincuenta y elegidos en circunscripciones senatoriales. Así, el cambio en la correlación de fuerzas respecto a la anterior Convención es inevitable. Basta observar las diferencias de composición y hegemonía que hoy existen entre ambas cámaras para proyectarlo.

Pero hay más. Este nuevo “consejo constitucional” tendrá al frente una comisión de 24 expertos designados, que elaborará un anteproyecto y, una vez finalizado el trabajo del consejo, hará propuestas para su mejora. Estas podrán ser aceptadas por 3/5 o rechazadas por 2/3. Todas las que no cumplan con ambas condiciones deberán pasar a una “comisión mixta” conformada por consejeros elegidos y expertos. En simple, el trabajo de la instancia electa deberá partir de un texto predefinido y ser sometido al terminar al símil de una “cámara revisora”. A lo cual se agrega, además, la supervigilancia de un comité de “admisibilidad”, que debe velar por que las bases o bordes, es decir, doce principios también ya prestablecidos, no sean violados por ninguna de las normas aprobadas.

Aunque resulte difícil de entender, esto es lo que el oficialismo -incluidos el PC y el FA- estuvieron dispuestos a aprobar, asumiendo quizá la responsabilidad principal por el proyecto ampliamente derrotado en las urnas en el plebiscito de salida; y el cambio radical del escenario político que esta derrota supuso para el actual gobierno y las fuerzas que lo respaldan; o, a lo mejor, aceptando que una ciudadanía sin cauces ni contrapesos fijados por el sistema político podía exponernos al riesgo de un nuevo y rotundo fracaso; o entendiendo, al fin, que en la lógica del acuerdo ahora firmado se plasman equilibrios políticos y socioculturales innegables, que han sido persistentes en el Chile de las últimas décadas.

Como sea, todas estas opciones confluyen a explicar lo decisivo: lo aprobado esta vez sí fue un acuerdo, el resultado de una larga y compleja negociación; no el burdo sometimiento de los adversarios en base al chantaje de la violencia, como ocurrió la vez anterior.

Publicada en La Tercera.