El Congreso y los partidos políticos podrán estar en los últimos lugares en materia de aprobación y legitimidad, pero son al final del día los actores que están llamados a encontrar las vías de salida en circunstancias de tensión y de crisis. Sin ir más lejos, en uno de los momentos más agudos del estallido social, lo que hizo el ex presidente Piñera fue “darle un pase” al Congreso y a los partidos, para que intentaran generar un acuerdo que hiciera posible el inicio del proceso constituyente. En horas que fueron dramáticas, ese acuerdo -firmado desde la UDI hasta un sector del Frente Amplio- se produjo, y ello fue lo que en definitiva permitió no superar, pero al menos descomprimir el contexto que el país enfrentaba en ese trance. Así, con todo su desprestigio acuestas, lo que las fuerzas políticas firmaron esa inolvidable madrugada pudo ser luego ratificado por una inmensa mayoría en las urnas.
Más allá de las diferencias y singularidades del caso, en el marco del proceso constituyente iniciado después ocurrió algo parecido: luego de meses de discusión sobre el reglamento de la Convención y sobre normas constitucionales de la más diversa naturaleza, en la etapa del plenario los partidos políticos terminaron siendo un factor clave para moderar y precisar algunos de los contenidos más problemáticos. En efecto, a pesar de que una importante cuota de ciudadanos decidió votar por constituyentes “independientes”, y del peso siempre relevantes que tuvieron los escaños reservados, a la larga fueron los partidos quienes terminaron articulando respaldos para hacer posible los 2/3 en las votaciones decisivas. Sin el rol que jugaron el PC, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, ello simplemente no habría ocurrido. Y esa es una de las razones por las cuales la Constitución propuesta al país vino a representar, en esencia, el proyecto de sociedad que esas fuerzas políticas encarnan.
El problema, una de las fallas de origen del proceso constituyente que hoy concluye fue precisamente ese: haber logrado imponer por la fuerza de los hechos una hegemonía ficticia muy distante de la realidad política del país. Porque, en el Chile actual, ese que viene expresándose desde el retorno a la democracia, el PC, el Frente Amplio, los escaños de pueblos originarios y otras agrupaciones radicales, nunca se han acercado siquiera a la posibilidad de representar a 2/3 de la ciudadanía. Algo que se confirmó otra vez en la reciente contienda de noviembre pasado, cuando la derecha volvió a obtener más del 40% en la elección presidencial y en la parlamentaria. Y es esa realidad, poderosa e indesmentible, lo que este proceso constituyente ha buscado de manera deliberada negar y obstruir.
Hoy el país debe votar la propuesta emanada de la convención constitucional. Sea cual sea el resultado, el papel que juegue a partir de esta noche el presidente Boric y la tarea que asuman luego el Congreso y los partidos, definirá nuevamente el cauce para continuar el proceso constituyente. En caso de ganar el Apruebo, serán ellos los que deban generar los acuerdos necesarios para asegurar las reformas que las fuerzas políticas partidarias de dicha opción comprometieron hace un par de semanas. De triunfar el Rechazo, serán también los mismos actores -Presidente, Congreso y partidos- los que tendrán el imperativo de definir las vías y los mecanismos institucionales para reiniciar el proceso, seguramente en condiciones distintas a las establecidas para la travesía que hoy llega a su fin.
En síntesis, más allá del resultado que emane de las urnas, son los partidos políticos y la representación que ellos tienen en el Congreso, quienes deberán hacerse cargo de reformar un texto que hasta sus partidarios reconocen defectuoso, o de reiniciar el proceso constituyente, tratando esta vez de representar mejor lo que la sociedad chilena es y ha sido desde hace mucho tiempo. Las organizaciones sociales, los grupos de interés y las identidades culturales, son importantes en el país y tienen todo el derecho a hacer sentir su voz a través de los causes legales. Pero, al final del día, en una democracia en forma, son las fuerzas políticas representadas a través del gobierno y el Congreso, las que tienen la misión de aquilatar y mediar esas voces, de darle un cause institucional y de ponerle límites a sus demandas, porque la alternativa a ello es a la larga algo que simplemente no cabe dentro de la democracia.
Ese principio, su fuerza y su continuidad histórica, es también parte de lo que está en juego el día de hoy.
Publicada en La Tercera.