“Semana negra para el gobierno”. Esa frase se ha repetido durante los últimos días de manera recurrente en los medios, a propósito de la serie de errores no forzados que cobraron fuerza justo cuando se cerraban las campañas para el plebiscito de hoy.
Si el 2022 estuvo marcado por el “banderazo” en Valparaíso (la performance donde un grupo supuestamente artístico simbolizó el aborto de la bandera chilena), ahora bien se podría decir que el “politicazo” -de izquierda y derecha- esta semana simplemente se desbordó. Y aquello podría ser crucial en la decisión que los votantes tomen en las urnas.
Porque los “highlights” de estos días han estado marcados por las novedades del denominado Caso Fundaciones -donde la investigación cada vez se acerca más a La Moneda-; el avance de los actos delictuales, con balaceras que diariamente “adornan” las páginas informativas, sazonado además por la detención de uno de los indultados por Boric, que ahora al parecer se habría dedicado al secuestro y extorsión, y los más de 55 empresarios detenidos por “el mayor fraude tributario de la historia”, según el Servicio de Impuestos Internos, donde incluso hay al menos una excandidata del Partido Republicano.
¿Qué pesará más en la decisión de las y los chilenos? ¿Esos titulares o el contenido de la propuesta? ¿Cuántos habrán sido los que se aventuraron a leer las 50 mil palabras que componen el texto que se plebiscita y que equivale a una novela de 117 páginas, pero en lenguaje jurídico? Aquello considerando además la baja tasa de lectura en el país y que, de acuerdo al Mineduc, la mitad de los mayores de edad se considera “analfabeto funcional”. Es decir, pese a que leemos, no entendemos lo que estamos consumiendo.
En todo caso, pareciera que el consumo de lectura está creciendo, según lo arrojan estudios realizados en 2022 y que apuntan a que -al menos en los dichos- la ciudadanía ha vuelto a leer, aunque este ejercicio se reduzca a contenidos en redes sociales.
Aquello claramente marca un punto complejo para las campañas con miras al plebiscito de hoy. Porque las últimas semanas no solo fueron “negras” para el gobierno, sino también para la oposición. Y si bien el mundo político ha hecho hincapié en que la votación no tiene que ver con una evaluación del Ejecutivo ni de los líderes de la derecha, lo cierto es que la cantidad de “condoros” de la élite le ha hecho un flaco favor tanto a la postura que se plantea en contra del proyecto constitucional, como a los que abogan porque se apruebe.
La duda que hoy se aclarará es cuál de las dos corrientes fue más dañada por la serie de “horrores” de estos días y qué campaña le hizo mayor sentido a los votantes: la que postuló que el nuevo texto atentaba contra garantías básicas como la vivienda, la salud, la libertad de decidir sobre el propio cuerpo o incluso los derechos humanos de los migrantes; o, por el contrario, la que planteó que la delincuencia se ha tomado el país, que estamos en una especie de Ciudad de Juárez versión 2.0 y que la seguridad en las calles debe ser protegida en la Constitución.
Varios expertos han advertido que se trata de una Carta Magna absolutamente moralista, que sería incluso peor que quedarse con la actual. Y esa es la gran paradoja de hoy: el gobierno de Gabriel Boric no pasará a la historia como la nueva generación que llegó para plasmar los derechos ciudadanos en un texto fundamental ad hoc, sino que será quien legó la permanencia del documento realizado en dictadura -aunque haya sido reformado más de 60 veces- o, por el contrario, su firma será la que valide la propuesta de la extrema derecha. Ninguno de los dos escenarios, probablemente, estaba en sus planes cuando llegó a La Moneda.
Lo cierto es que la clase política -no solo el gobierno- no vivió una “semana negra”, sino que lleva meses y hasta años oscuros. La incógnita hoy será qué pesará más en las urnas: la evaluación a los parlamentarios, Ejecutivo o ministros, o el contenido de una propuesta constitucional que debiese ser el último intento en esta batalla fallida.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.