La detención de Héctor Llaitul pudo ser una gran oportunidad para el gobierno, una señal consistente de respaldo al restablecimiento del Estado de Derecho en la Macrozona Sur, de persecución eficaz a los grupos armados y solidaridad con las víctimas de sus acciones. De hecho, conocido el acierto policial, una de las primeras lecturas que recorrió el ambiente político fue que el Ejecutivo se anotaba un punto importante, a poco más de una semana del plebiscito constitucional.

Pero, en realidad, no era posible: la historia no se borra por decreto, menos aún cuando sus evidencias están a la mano en el historial de los motores de búsqueda y las redes sociales. Así, que existan nexos entre autoridades del actual gobierno y grupos radicales vinculados al “conflicto mapuche” no debiera extrañar a nadie, porque las tomas de posición que una y otra vez han confirmado algún grado de empatía, respaldo y compromiso político con aquellos que le han declarado la guerra al Estado, están todas a la vista. Una cercanía histórica que expresa convicciones firmes, aunque ahora el ejercicio del poder exija situarse en la vereda opuesta.

¿Es verosímil que la ahora exministra Jeanette Vega tome la decisión de ponerse en contacto con el líder de la CAM sin que nadie más supiera y sin ningún grado de coordinación al interior del gobierno? ¿Ha sido de verdad el único intento y se pueden dar garantías de que no hay otro tipo de vínculos? ¿Por qué si hasta hace un par de meses se defendía el imperativo de dialogar con todos -incluido los grupos que ejercen la violencia- ahora se defenestra a una autoridad que intentó llevar adelante ese objetivo? Preguntas aún sin respuesta.

Cuando se ha tenido una historia política construida desde la reivindicación moral de la violencia, cuando se ha dejado innumerables testimonios de ello, cuando se ha lucido sonriente una polera con la imagen de un senador acribillado, cuando se ha ido a tomar el té a París con uno de los que apretó el gatillo, cuando se ha hecho homenaje a la facción del FPMR que siguió cometiendo delitos en democracia, no es tan fácil romper con el pasado y vestirse ahora de adalid de la paz. Más todavía cuando ese vínculo político y cultural con la violencia compromete a una generación completa desde hace más de una década. Cuando desde la oposición se ha tenido como objetivo sistemático horadar el orden público, debilitar el Estado de derecho, vestir a los que ejercen la violencia como “víctimas del sistema”, no se puede simplemente apelar al derecho a equivocarse y a cambiar de opinión el día que se pisa La Moneda. No es tan fácil ni puede ser tan burdo. Menos todavía, cuando ese compromiso con la ausencia de límites ha sido sostenido en el tiempo, base de una nueva identidad política y reiterado hasta la saciedad.

Del pasado y de las convicciones no se puede escapar por simple oportunismo; es algo que la detención de Héctor Llaitul vino a recordarnos esta semana.

Publicada en La Tercera.