Ya es un hecho que las históricas elecciones que se nos aproximan han quedado postergadas para el 15 y 16 de mayo. La incertidumbre, entonces, continuará con la nueva dilación del proceso que definirá los elementos basales de nuestra democracia. A estas alturas, difícil es cuestionar la decisión del aplazamiento—quizás no la lentitud al enfrentar un hecho que pudo haberse previsto—, pero lo cierto es que supondrá un desafío adicional para todos aquellos candidatos que, en buena hora, trabajaron por instalar un clima y un ánimo especial. Y en medio de este debate, existe un elemento que trasciende gran parte de la discusión: el financiamiento electoral.
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de acusaciones y cuestionamientos asociados a los fondos de los que disponen los candidatos. Esta usual discusión (bastante natural en cualquier proceso electoral) se ha exacerbado en esta ocasión por el gran número de interesados en los cargos a repartir, considerando, además, que parte importante de los aspirantes corresponden a independientes fuera de pacto que por primera vez se enfrentan—con cierta cuota de ingenuidad—a los desafíos financieros propios de cualquier periodo electoral.
En ese contexto, me atrevería a sugerir que la temática del financiamiento se encuentra intrínsecamente ligada a dos grandes asuntos. Por un lado, a cómo equiparamos la cancha entre candidatos. Dicho de otra forma, la normativa debiese asegurar una carrera justa para todos quienes aspiran al poder. Y en segundo lugar, a cómo fomentamos la acción política y las acciones de campaña. Esto es, conseguir una normativa que regule los aportes, pero sin demonizarlos.
Estas dos ideas, desde ya, representan una visión distinta a cómo suele enfrentarse el fenómeno. En las últimas décadas, hemos dado gran importancia al primer objetivo declarado—equiparar la cancha—, olvidando los deseables efectos democráticos de los actos de campaña. Como señalan algunos autores, normalmente buscamos impedir una eventual lucha indiscriminada y descarnada por el poder, en donde el dinero termina pesando más que las ideas y los proyectos políticos. Esta aproximación al problema ha estado en las bases de las últimas reformas a nuestro sistema electoral. Fue una gran preocupación para el presidente Ricardo Lagos y fue parte importante del motor que impulsó la comisión Engel convocada por la presidenta Michelle Bachelet. Y lo cierto es que la mirada, de hecho, resulta bastante deseable, más aún si consideramos el contexto latinoamericano, en donde la relación entre dinero y política representa un continuo problema. Así, la necesidad de asegurar una carrera justa se transforma en uno de los objetivos más esenciales del sistema. Sin embargo, también es cierto que el comprensible recelo frente a los asuntos de financiamiento ha devenido en una demonización de los actos de campaña. Más de algún académico, de hecho, ha explícitamente reprochado el “marketing político” por banalizar la discusión e impedir el libre debate de ideas, haciendo caso omiso de la vasta evidencia que demuestra los efectos virtuosos de los periodos de campaña.
El desafío, entonces, debiese ser asugarar parámetros mínimos de equidad, disminuir la influencia indeseable del dinero en política y, al mismo tiempo, fomentar la participación de privados en la instauración de un clima electoral que informe, interese e involucre a los votantes. En ese marco, uno podría intuir que, más que restricciones, debiésemos apuntar a niveles incluso más sofisticados de transparencia.
No caer en exacerbadas restricciones tiene un sentido. Alguien tiene que colaborar en la carrera de aquellos que no tienen la opción de contar con fondos personales. En la medida en que las limitantes abunden, los incumbentes y los rostros con mayor conocimiento correrán con una ventaja insuperable. Si queremos una carrera justa, debemos dar la opción a retadores e independientes de convencer a financistas y de planificar campañas verdaderamente desafiantes. Lo que no puede suceder, sin embargo, es que esos financistas terminen determinando el accionar de los electos—lo que verdaderamente entendemos como la influencia indeseable del dinero en la política—. Y es acá donde importa la transparencia. Los ciudadanos debemos conocer de manera fácil y simple quién financia a quién. No para juzgar, sino para fiscalizar y realizar una verdadera rendición de cuentas. Es eso—más que las restricciones y los cuestionamientos infundados—lo que nos permitirá enfrentar el tráfico de influencias que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país, en donde abundaban boletas falsas y los correos truchos. Para eso, necesitamos candidatos que sinceren sus finanzas (o al menos que cumplan la ley) y una sociedad civil empoderada que sea capaz de articular una fiscalización eficiente. El resto de las críticas y de las acusaciones no hacen más que seguir banalizando un debate que ya está lo suficientemente banalizado. De seguro podemos más.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.