La conciliación entre el resguardo de los vestigios culturales del pasado y la necesidad de dotar a nuestras ciudades —y zonas rurales— de infraestructuras modernas es una ecuación de difícil solución. Por un lado, tenemos conciencia, en un ejercicio que nos aleja del economicismo más ramplón, del valor que tiene la herencia material del pasado y que el pasado, si bien ya no está, de alguna manera constituye nuestro presente. Y, por otro lado, tenemos conciencia de que nuestras áreas urbanas requieren un mejoramiento y modernización de sus infraestructuras.
Decir esto no obedece tanto a la repetición de un mantra vacío, sino al hecho de que el equipamiento urbano y las obras públicas inciden directamente en la calidad de vida de las personas, mejorándola. Dicho con otras palabras, la inversión en obras con adelanto material es un imperativo de carácter social. No solo se benefician —al decir de Adam Smith— el intercambio económico y con ello el conjunto de la sociedad gracias a una prosperidad creciente, sino también segmentos más vulnerables de la sociedad. Así ocurre con las nuevas líneas del Metro que valorizan los barrios a los que llega y que incrementan la calidad de vida de miles de trabajadores de las periferias de Santiago al reducir a la mitad el tiempo de traslado a sus trabajos en el centro.
Las dos consideraciones entran, sin embargo, muchas veces en colisión. La paralización de la construcción de los nuevos hospitales de Puerto Varas y La Unión, el retraso en la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago, así como el probable retraso en dos años de la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota-La Calera —por la realización de pozos arqueológicos—, son ejemplos elocuentes que revelan la gravedad del asunto. El problema reside en la así llamada “permisología”, siendo el talón de Aquiles no tanto el hecho de que se rescaten vestigios arqueológicos en sí, sino los excesivos tiempos de tramitación que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
La inflacionaria burocratización y la lentitud de los procedimientos formales ordenados por las reparticiones estatales muchas veces hacen que esto acabe en constructos de corte kafkiano. Entre el presupuesto de un arqueólogo, la solicitud para la realización de pozos, la ejecución de los trabajos, otros informes para determinar si hay más hallazgos y la respectiva aprobación del CMN y finalmente la autorización de los rescates, pasa un año y medio e incluso mucho más tiempo.
En los peores casos la ralentización es tal que, como en el caso del Hospital del Salvador, los equipos médicos adquiridos quedaron obsoletos, debiendo ser reemplazados por tecnologías médicas más avanzadas. Esto significa que se hizo un doble gasto para el mismo fin, es decir, que injustificadamente se despilfarraron recursos públicos, toda vez que —como es conocido— en Chile los recursos del Estado son escasos, y las necesidades sociales, urgentes. Dicho con otras palabras, la pérdida es doble: para el Estado que dilapida sus recursos, pero también para los vecinos que no cuentan a tiempo con la obra que mejora su calidad de vida.
No se trata de sacrificar la investigación sobre vestigios materiales del pasado en el altar de la modernidad, pero sí de una política pública que sea eficiente y que, al revés, no sacrifique el bienestar de la población chilena, especialmente de aquellos que más la necesitan. Por eso, urge acortar los plazos en los procedimientos, aclarar los equívocos conceptuales entre “arqueológico” y “paleontológico” (que quizá tiene menos valor tangible), y descentralizar al CMN, de manera que las decisiones se tomen con más agilidad en los órganos regionales del CMN, es decir, en las mismas regiones.
Cabe esperar que las tratativas para la modernización del CMN y su agilización no queden en declaraciones de buenas intenciones, sino que se implementen a la brevedad.
Publicada en El Mercurio.