La decisión del gobierno de Gabriel Boric, liderado por la ministra vocera, Camila Vallejo, de echar a andar la Comisión Asesora contra la Desinformación podría haber sido una buena idea. Pero no lo fue.
Porque una vez más, el Ejecutivo se instala desde la concepción mesiánica de supremacía moral con la que llegaron a La Moneda (pese al caso Democracia Viva y RD, que debiera al menos haberlos bajado del Olimpo). Sin aprender de los errores, ahora deciden hacerse cargo desde la política y la ideología, de combatir la desinformación. Un concepto manoseado en demasía e incluso utilizado políticamente en los pasajes más dramáticos de la historia del siglo XX.
¿Un error periodístico califica como desinformación? ¿La línea editorial de cada medio y la libertad que se garantiza en todas las democracias es también parte del paquete? ¿Se trata de la misma forma un medio de comunicación profesional que un bot dedicado a esparcir mentiras?
Obviamente, en la medida en que la comisión comience a tomar forma, este tipo de preguntas debieran empezar a tener respuestas. Y si -como se ha adelantado- este grupo de personas que se abocará a asesorar a La Moneda son académicos provenientes de distintas universidades, además de ONG plurales y serias, entonces el resultado podría ser un importante avance respecto de uno de los males más complejos para la democracia del siglo XXI, como lo son las Fake News.
El problema está en que, hasta ahora, la forma en que el gobierno ha decidido encargarse de esta situación podría hacer incluso más daño a la democracia que las propias falsedades. Haber instalado el tema a partir de un decreto escondido en el Diario Oficial -convengamos en que no es precisamente uno de los best seller del país-, sin ni siquiera un acto en el que el presidente lo diera a conocer, huele mal.
Qué distinto habría sido si la propuesta hubiese sido conversada de manera pluralista, con representantes de todos los sectores y con el visto bueno del Congreso. Al menos pensando que 205 pares de ojos ven más que los que estuvieron a cargo de la idea. Además, aquello habría permitido evitar que la oposición saltara como la gran defensora de la libertad, claramente sin serlo.
Cuán diferente se hubiera instalado el tema desde el debate nacional, considerando que efectivamente de acuerdo a los estudios, las noticias falsas viajan mucho más rápido que las verdaderas y generan credibilidad a partir de los propios sesgos de confirmación de los seres humanos. Pocos, probablemente, habrían estado en contra de analizar como país situaciones que, sobre todo en momentos de crisis, son un grave peligro. Basta recordar cómo se viralizaban las “informaciones” respecto del Covid, entre Donald Trump llamando a la ciudadanía a tomar desinfectante y quienes aseguraban que nos instalarían un chip con la vacuna.
Quizás una conversación más amplia le habría permitido considerar, por ejemplo, que organismos que ya existen, que son autónomos y que cuentan con la expertise, pudieran tomar el desafío. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, haciendo los ajustes legales correspondientes. Y, por qué no, sumándole a los mismos académicos que conformarán el consejo asesor.
Pero nuevamente las formas y la soberbia le juegan una mala pasada a Boric. Y en vez de convertir la defensa de la información verídica en un tema país, prefiere lanzar un decreto casi a escondidas. Peor aun si se considera que el proyecto es liderado por una ministra PC, partido que -al igual que la extrema derecha- tiene los pergaminos bastante manchados respecto de la libertad de expresión. Con su forma de actuar, además, dieron pie a reacciones ridículas, como las de Camila Flores, declarada seguidora de Pinochet, asegurando que el gobierno pretendía encarcelar a quienes pensaran distinto. Simplemente plop, como diría Condorito.
Finalmente, la decisión de lanzar esta comisión entre gallos y medianoche le hace un flaco favor a la legitimidad que tendrá el proceso. Una discusión que podría haber sido realmente rica en la defensa de la verdad, pero que hoy camina en la cuerda floja de una de las principales virtudes de la información: la credibilidad.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.