Cuatro días –según consignó la prensa- se demoró el Congreso en darle el visto bueno al proyecto de ley que establece como feriado el Día de los Pueblos Originarios, el que se aplicará por primera vez mañana lunes. Una discusión y votación en la urgencia que rara vez se ve en el Parlamento y que generó todo tipo de críticas, no por el reconocimiento de sumo necesario de quienes primero poblaron nuestro país, sino por la premura en su tramitación y los efectos de este día libre “a última hora”.

Ese mismo apuro –aunque con matices- es el que se está viviendo en torno a la tramitación de la reforma constitucional que definirá que el voto vuelva a ser obligatorio, tal como lo era hasta antes de la modificación de 2012, que permitió que la inscripción fuera automática y el sufragio, voluntario.

Tras los resultados de las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales del pasado 15 y 16 de mayo, esta discusión parece del todo lógica. Y mucho más cuando se miran las cifras de la segunda vuelta de jefes regionales, el fin de semana pasado, en la que ni siquiera llegamos al 20% de participación a nivel nacional, con zonas dramáticas como Antofagasta, donde apenas un 12,21% del padrón habilitado acudió a las urnas.

Entonces, el voto obligatorio aparece inmediatamente como la opción. La duda es si efectivamente esta será la mejor forma de encarar la poca motivación ciudadana. El debate debiera ser profundo y no al fragor del apuro para que este cambio sea válido en las elecciones de noviembre.

Es cierto que la obligatoriedad del voto apunta al cumplimiento de un derecho que a la vez es un deber de los ciudadanos. Así como los chilenos demandan un estado que entregue mayor cantidad de servicios y derechos, también debiera tenerse claro que aquellas facultades van acompañadas de responsabilidades. La más relevante de aquellas obligaciones es el voto, considerando, además, que el momento de sufragar es el más equitativo y democrático, cuando todos los chilenos, sea quien sea, valemos lo mismo, sin importar raza, religión, ni nivel socioeconómico.

Para llegar a esta situación, la lucha fue larga y difícil. De hecho, según Memoria Chilena, recién en 1874 se extendió el derecho a sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, si eran casados, o de 25 años, si eran solteros, eliminando el requisito de renta que existía hasta ese momento.

Para las mujeres, la lucha y la espera fue mucho mayor: recién en 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales, y en 1949, en las presidenciales y parlamentarias. 20 años después pudieron hacerlo también las personas no videntes y recién en 1972 se permitió el sufragio de quienes eran analfabetos. O sea, un siglo para lograr democratizar en algo este proceso. Derecho que hoy tiramos por la borda y que el legislador está apurado en volver a convertir en responsabilidad.

La duda que queda en el tintero es si es suficiente con obligar al voto para que este sea un derecho ejercido en la práctica y con responsabilidad. Porque, hay otros problemas que van más allá de la pura decisión de ir a sufragar. ¿De qué sirve un voto obligado sin información? ¿De qué vale que obliguen al elector a votar si no sabrá por quién hacerlo y terminará anulando?

La información es en extremo relevante en este escenario, más allá de la obligatoriedad. Por lo tanto, debiera pensarse también en la responsabilidad de los partidos políticos y movimientos de motivar el voto, que se genere una restructuración de las campañas, ya no solo enfocadas a mostrar caras y lindos dientes blancos, sino que realmente apunten a informar respecto de las distintas alternativas.

Porque si el ciudadano siente que no gana nada, que simplemente será más de lo mismo, entonces no hay un motor que lo mueva. La típica frase “da lo mismo quién gobierne, mañana igual debo levantarme e ir a trabajar” es el peor enemigo de la participación, no la voluntariedad del voto.

A eso se agregan los hoyos negros de esta reforma y que deberán ser discutidos más adelante: qué sanciones tendrán quienes no voten, qué posibilidad de fiscalización real habrá, ¿la inscripción será automática o volveremos a una voluntaria como era antes de 2012? ¿Qué se sacará en limpio entonces? ¿La gente podrá salir del padrón electoral si así lo quiere?

La nebulosa es muy grande y lo que está en juego es gigante. Entonces, pensar en reformas exprés –como la que se está discutiendo-, que borra con el codo lo escrito con la mano apenas hace nueve años, no tiene mucho sentido. La urgencia, en este caso, es enemiga de lo bueno.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.