Expectativas enormes y ampliamente mayoritarias sobre un proceso constituyente cuyo desenlace tardará casi dos años: es el resumen que dejó la jornada electoral del domingo pasado. Una sociedad que decidió poner a prueba su paciencia, mientras recorre las estaciones de la peor crisis social y económica de las últimas cuatro décadas. De algún modo, las dosis de pensamiento mágico que han alimentado este año incierto consiguieron algo casi increíble: que las demandas visibilizadas por el estallido de octubre, agravadas luego por efecto de la pandemia, lograran al final encajar en una travesía jurídico-institucional que no verá la luz hasta bien entrado el próximo gobierno.
En lo formal, las urnas volvieron a derrotar los delirios desestabilizantes, dejando a la violencia con un margen de justificación política mucho más acotado. Obviamente, no desaparecerá de escena y es probable que la angustia provocada por las nuevas carencias sea para muchos un irreprochable caldo de cultivo. Pero es innegable que de ahora en adelante cualquier desborde conllevará el riesgo de golpear la legitimidad de un proceso que supone y requiere de continuidad institucional, la misma que hizo posible el acuerdo político del 15 de noviembre y que fue reafirmada en las urnas.
Desde ahora irán quedando al desnudo las paradojas de este tiempo de la espera, de una revuelta indefinidamente postergada y de una clase política que no obtuvo el respaldo para integrar la convención constitucional por derecho propio. La misma que tiene a su haber la gestación de este cauce institucional para la crisis desatada por el estallido social. Y que mantendrá un grado de control relevante sobre el proceso, al hacer muy difícil la participación de los independientes.
Como si el marco y los tiempos de esta travesía no fueran ya lo suficientemente críticos, el próximo año estará saturado de eventos electorales. Elecciones de todas las autoridades, que convocarán a los ciudadanos a las urnas para validar una institucionalidad que, en paralelo, será objeto de severa revisión en sede constituyente. Aunque surrealista, el 11 de marzo de 2022 un Presidente y un nuevo Congreso recién elegidos estarán jurando lealtad a una Constitución en vías de extinción.
Pero las cosas son lo que son y cualquier intento de debilitar el proceso constituyente o de no respetar sus tiempos significará, en los hechos, cuestionar la decisión soberana de siete millones y medio de ciudadanos. Así, el imperativo para los que consideran que en Chile hay cosas que preservar es desde ahora cuidar este proceso, procurando que llegue a buen puerto. El ímpetu destituyente que en muchos momentos pareció prevalecer, quedó al final diluido en la contundencia de la participación electoral. Los viejos teóricos de la revolución sabían de este riesgo. Esa fue la razón que llevó -entre otros, al PC- a votar en contra de la reforma constitucional que hizo posible el plebiscito del domingo pasado.
Publicada en La Tercera.