Tres años se cumplieron esta semana desde aquel 15 de noviembre de 2019, en el que casi todas las fuerzas políticas –obviando al PC y otros movimientos- llegaron a un acuerdo político para iniciar el trabajo que permitiera dejar atrás la Constitución de Pinochet y darle paso a un texto que representara a todas y todos, supuestamente en unidad. Esa fue, además, la forma institucional de salir del zapato chino en el que se encontraba Sebastián Piñera y su gobierno, a partir del estallido social.
Son más de mil días en los que ha pasado mucho por este país. Y a la vez muy poco. Se vino una pandemia que nos encerró durante un buen tiempo; se eligió por amplia mayoría la alternativa de que una convención completamente definida por sufragio popular se abocara a trabajar la nueva Carta Fundamental; se nominó a esas 155 personas; entremedio cambiamos de Presidente, parlamentarios, alcaldes y una larga lista de autoridades. Entramos en crisis económica y, paradojalmente si se considera el 80% de respaldo en el primer plebiscito, se rechazó por un amplio porcentaje la propuesta de Constitución elaborada por los constituyentes.
Como dije más arriba, en estas 26 mil horas que llevamos conversando del tema han sucedido demasiadas cosas. Y, a la vez, no ha pasado nada: seguimos discutiendo exactamente lo mismo, como en un continuo déjà vu, en el que solo cambian los actores.
Porque hace tres años la exConcertación –hoy transformada en Socialismo Democrático y sin la DC- era la peor cara de esos 30 años que habían gatillado las protestas. Hoy se han convertido en el puntal del gobierno de Gabriel Boric, el mismo que criticaba hasta los suspiros de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, pero que –hay que reconocerlo- se atrevió a suscribir el “Pacto por la paz y la nueva Constitución”, pese al rechazo de gran parte del Frente Amplio.
Ahora, tras la tremenda derrota del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, las fuerzas políticas “tradicionales” –de casi todo el espectro meridianamente razonable que hay en el Parlamento- se sentaron a hacerse cargo de este proceso al que en un comienzo no solo no fueron convidados, sino que derechamente fueron rechazados. Y el FA junto al PC tuvieron que ser capaces de estar en la misma mesa con esas tres décadas que hace poco –y todavía algunos- denigraban.
El problema está en que quienes han formado parte de la élite en todo este tiempo, ahora también con la nueva generación tampoco han logrado arribar a un acuerdo que permita saber cómo continuar con el proceso. Uno al que la ciudadanía –al menos según las encuestas- todavía le tiene fe y ganas. De hecho, en la última Cadem, un 64% de los consultados se manifiesta de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. Y respecto de la fórmula, un porcentaje similar asegura que debe realizarla una convención mixta, es decir, con personas electas y otras designadas.
Ahora, los propios encuestados tampoco están de acuerdo con la forma de llegar a aquello. De hecho, empatan quienes quieren un texto totalmente nuevo con los que prefieren reformar el actual. Y también están parejos los que repetirían el plebiscito de entrada, con los que creen que se debe respetar el resultado de 2020.
Pero el nudo del acuerdo ahora es otro y se concentra –al menos hasta el cierre de esta edición- en cuántos serían los nuevos convencionales. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático presentaron una propuesta que consistía en 90 electos más nueve escaños reservados, que trabajarían en base a un primer borrador preparado por un grupo de expertos. Pero, en Chile Vamos no quieren repetir la experiencia de la Convención Constituyente y, por lo tanto, proponen no más de 50 personas.
Este fin de semana, supuestamente, continuarían las tratativas –fundamentalmente bilaterales- para avanzar hacia un consenso que, hasta el momento, no se ve factible. Pero que, por otro lado, requiere de tres elementos fundamentales: celeridad, generosidad y compromiso.
Mientras aquellos conceptos no sean los que se antepongan a cualquier pacto, la posibilidad de sellar una solución a este entuerto será lejana y pondrá en tela de juicio –aún más- a la clase política, que ya lleva años subsumida en los últimos lugares de la aprobación ciudadana. La diferencia ahora es que el saco incluirá también a la “nueva generación” que se instaló en La Moneda, prometiendo cambiar la cara del servicio público y eliminar los “vicios” de los últimos 30 años. Pero que –hasta ahora-, ha sido igualmente incapaz de salvar este gran (des)acuerdo.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.