Ya hemos celebrado la reciente cuenta pública del presidente Piñera. Indudablemente trajo consigo buenas noticias para el desarrollo territorial. Además de los 126 mil millones de dólares anunciados para los próximos 6 años a lo largo de Chile, el ejecutivo se refirió finalmente a distintos proyectos estratégicos esenciales para el desarrollo de Valparaíso. Hablamos del tan anhelado tren de alta velocidad a Santiago y de la extensión del Merval hasta La Calera.
Sin embargo, resulta también evidente que el compromiso del gobierno con el desarrollo territorialmente equitativo de nuestro país podría ser aún más claro. Un ejemplo de esto lo vemos en la actitud del ejecutivo frente al proceso de descentralización en curso. Sin ir más lejos, en la celebrada cuenta pública el presidente no se refirió a la elección de intendentes del próximo año (habría sido pertinente zanjar el tema considerando las voces oficialistas que buscan un aplazamiento) y tampoco al envío de una nueva ley de rentas regionales. Estas señales, de alguna u otra forma, sugieren que La Moneda seguirá la inercia del proceso descentralizador, pero sin mayor convencimiento o proactividad.
Pero lo que sí hizo el presidente –en buena hora– fue referirse a los problemas que presenta la actual legislación, especialmente cuando hablamos del traspaso de competencias desde el nivel central al subnacional. En ese marco se anunció la creación de una mesa transversal para diagnosticar y proponer soluciones.
Compartimos estas apreciaciones del presidente. La actual legislación es deficiente y hay que mejorarla. Eso no está en discusión. El punto es, más bien, determinar desde qué vereda propondremos soluciones. Mientras existe una facción de parlamentarios que parece ver como única alternativa la postergación de las próximas elecciones, existen otros actores que desde hace un tiempo vienen trabajando en propuestas concretas para destrabar los conflictos. Hablamos de senadores, diputados, fundaciones, universidades y centros de estudio que parecen estar convencidos de los beneficios del actual proceso. Y eso no es insignificante, pues parece ser que ese es precisamente el fondo del asunto. En concreto, ¿creemos en la descentralización como motor del desarrollo? Esa es la primera pregunta que debemos sincerar.
Si lo que pretenden algunos parlamentarios es sencillamente satisfacer la “pataleta regionalista”, es muy probable que la liviandad del relato termine sucumbiendo ante eventuales intereses electorales. Si lo que buscamos es el desarrollo integral de nuestro país –y vemos en la descentralización la condición esencial para lograrlo–, la actitud frente a los problemas del proceso cambia.
Desde la Fundación P!ensa suscribimos a esta segunda mirada. Por lo mismo, esta semana hemos dado a conocer siete medidas que pretenden hacerse cargo de diversos problemas de la actual normativa. El documento, a cargo de Maximiliano Duarte, propone un órgano para la resolución de conflictos entre el nivel central y el regional, un mecanismo para eliminar la discrecionalidad presidencial en el proceso, una regulación especial para las áreas metropolitanas, entre muchas otras cosas.
La elección de los nuevos gobernadores regionales podrá gatillar un cambio sustancial en el destino de nuestro país. Pero para que la transformación sea positiva, urge que todos nos ocupemos del problema. Por lo mismo, como en muchos otros aspectos de la vida, la invitación es a trabajar más que a reclamar.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.