Recientemente la Corte Suprema dictó su fallo respecto de las reclamaciones realizadas por distintos actores sobre las condiciones impuestas por el TDLC en su instrucción de carácter general en las que analizaba aspectos económicos relevantes para el funcionamiento competitivo del mercado de medios de pagos.

Se trata de una sentencia positiva, pues reconoce distintas barreras que limitan la posibilidad de competir que enfrentan distintos tipos de tarjetas (crédito, débito, prepagos). Para eso es importante remontarse a 2016, cuando se permitió el ingreso de emisores no bancarios con provisión de fondos, como son los prepagos. Pese a eso, y a que se en los últimos tres años se han emitido un gran número de estas tarjetas, su utilización efectiva es relativamente escasa. Una razón puede atribuirse a que es un producto relativamente nuevo y que aún presenta desafíos para su aceptación universal en comercios, tal como lo señala el Banco Central en su informe de medios de pagos 2023.

Pero hay más. En su reciente fallo, la Corte Suprema reconoce que para que un medio de pago pueda ser competitivo en términos de calidad de servicio y costos hacia los consumidores, no basta con la mera existencia de normas que permitan el ingreso al mercado. Así señala que el medio de pago debe servir para pagar en los sectores y comercios más relevantes para los usuarios, de lo contrario será imposible incentivar la sustitución entre distintos tipos de tarjetas. Para lo anterior, establece que se debe permitir el pago en los comercios con distintos tipos de tarjeta de manera universal y no limitarlo solo a débito y crédito de una determinada marca (Regla Honor All Product).

Es importante ver que el potencial competitivo del  prepago no está solo en el funcionamiento del medio de pago, sino que también en la potencialidad de que consumidores escasamente bancarizados se integren a la economía digital y con dicha información sean susceptibles de acceder al mercado del crédito.

Otro aspecto económico relevante plantea la Corte, es que reconoce que para que se origine la competencia entre medios de pagos y entre adquirentes, los procesos tecnológicos por los cuales el consumidor accede a pagar con tarjeta deben garantizar tecnologías interconectadas y seguras entre todos los actores involucrados (procesadores adquirentes, marcas y procesadores emisores).

Si bien estos aspectos son positivos, a mi juicio hay dos aspectos que merecen legitimas dudas respecto del funcionamiento del mercado futuro en medios de pagos. En primer lugar, la publicación de las tasas de intercambio más allá de las tarifas máximas definidas por el comité de tasas de intercambio. Ello, puesto que el riesgo de transparencia de los precios definidos por las marcas como foco que facilita la colusión, me parece que no se ha sopesado.

Asimismo, y un aspecto aún más de fondo, es que nos estamos olvidando que existen otros rieles para pagar que en Chile que no han sido explotados. Incluso son escasamente mencionados por las autoridades de libre competencia en sus análisis. Con esto me refiero a las transferencias como medio de pago a los comercios. En la Ley Fintec impulsada por el Ministerio de Hacienda se incluyen los iniciadores de pagos como una nueva figura, ya que el pago con transferencias es un potencial sustituto a las tarjetas.  Si en Chile nos importa promover la competencia y contamos con una vasta institucionalidad, la gran pregunta que surge entonces es una: ¿Cuándo empezaremos -en sede de competencia- a hablar de los cambios tecnológicos e incentivar una mayor apertura a ella entre distintos medios de pagos y no solo basarnos en las tarjetas? La competencia en este mercado requiere de una visión integral. Es hora de ampliar la mirada en beneficio de los consumidores.

Publicada en Diario Financiero.