“Tenemos que reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos, y yo lo condeno con absoluta claridad”, dijo al término de esta semana el alcalde de Recoleta y una de las figuras que se perfila como presidenciable, Daniel Jadue, en una actividad con estudiantes de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, justo cuando se conmemora un año del denominado estallido social.

Sus palabras, recogidas en diversos medios, dan cuenta de un concepto que debiera ser compartido por todos, pero que no lo es. De hecho, a comienzos de esta semana, el presidente de su partido, el PC, eludió condenar la violencia y planteó que “si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré”.

Es un tema complejo, sobre todo cuando el uso de la fuerza ha significado un debate en la sociedad desde el comienzo de la humanidad, y ha estado en la palestra en nuestro país, con mayor intensidad, desde octubre de 2019. De hecho, en esa misma época, el Presidente Sebastián Piñera advirtió que en Chile “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, cuando en realidad la mayor parte de quienes se manifestaban en las calles -más de un millón de personas en varias jornadas-  lo hacían de manera pacífica, para exigir el fin de la desigualdad y de los abusos.

Pero los que marchaban al son de canciones y pancartas no eran la noticia. Sí lo era una minoría que destruía todo a su paso, quemando señaléticas y saqueando locales. La violencia entonces era lo que se rescataba de un proceso mucho más global y trascendental. Pero también el concepto de guerra hacía alusión al uso de la fuerza, como una forma de justificar el abuso en el control de los manifestantes. Porque si hay una guerra, entonces la violencia es aceptada como parte de ella.

El filósofo y sociólogo alemán Max Weber hablaba ya del concepto de violencia a comienzos del siglo XX y planteaba –entre muchos otros teóricos que han analizado el tema- que era el Estado el que tenía el monopolio de la “violencia física legítima” y aseguraba que “el Estado es la única fuente del derecho a la violencia”.

En esa línea, lo que sucedió a partir del 18 de octubre da cuenta de parte de una sociedad que no concuerda con que el Estado sea el único que pueda echar mano a la fuerza y que considera legítimo utilizarla en la medida en que esta asegura que los distintos poderes –económico, político, judicial- dejen de abusar o violentar a los mismos ciudadanos, que sienten sus derechos conculcados.

Es interesante, entonces, entender de qué se habla cuando surge la palabra violencia. Según la RAE, se trata de “ímpetu, fuerza”, mientras que alguien violento es quien “se deja llevar por la ira”. ¿Es entonces la ira contenida la da lugar a los hechos de violencia? ¿O es más bien, como señaló el ministro de Defensa, Mario Desbordes, un intento por “echar abajo la República”, que nada tiene que ver con derechos conculcados? Si se siguen las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en cuanto a que “el rechazo a la violencia debe ser absoluto, independiente del contexto en el que se dé”, ¿eso incluye también condenar con la misma fuerza la violencia de la desigualdad que incluso la OCDE mira con preocupación?

Lo cierto es que la violencia se ha apoderado de las calles desde el 18 de octubre pasado y no ha habido ni un diagnóstico ni una solución compartida por todos respecto de qué hacer con este fenómeno. ¿Se debe aplicar mano dura –más fuerza- para apagarlo? ¿Se debe permitir como parte de la manifestación en contra de los abusos y la desigualdad?

El debate está abierto, tanto a nivel político como de la ciudadanía. De hecho, diversas encuestas –como la Cadem del 20 de octubre de 2019- dan cuenta de que los chilenos mayoritariamente no respaldan el uso de la fuerza como método de protesta. Números que contrastan con una medición hecha por la UDP, publicada en enero de este año, en la que se muestra que al menos un tercio de los jóvenes encuestados considera adecuado generar barricadas o enfrentarse a carabineros.

Se trata de una discusión cuyo inicio y fin está lejos de encontrarse. El mismo Jadue adelantaba en su conversación que las manifestaciones continuarán incluso después del plebiscito de la próxima semana, independiente de cuál sea su resultado. La cabida que la violencia tendrá en estas, son parte de una discusión que no está cerrada y que probablemente tampoco terminará el próximo 25 de octubre.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.