“Razones”, “motivaciones”. Y luego “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió”. Esas fueron las palabras de el ahora ex asesor de La Moneda para la conmemoración de los ’50 años del golpe militar de 1973. Y esos dichos fueron los que terminaron con la renuncia de Patricio Fernández a dirigir las actividades en torno a este triste aniversario.
Las aristas que se cruzan en esta nueva crisis política no son pocas. En primer lugar, porque el Partido Comunista -quien presionó por la salida de Fernández- no logra deshacerse de su vocación de eternos opositores. La tienda de Guillermo Teillier se siente cómoda jugando siempre en el equipo de los outsiders y parece no entender cuál es la lógica de ser parte del Ejecutivo. Aquello, pese a que dos de sus ministras son PC.
Precisamente por eso, y teniendo claro que el PC tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con algo, lo lógico hubiera sido utilizar las líneas directas que tiene con el presidente -partiendo por la propia vocera Camila Vallejo- en vez de incendiar la pradera pública. En una semana en la que, más encima, el lío de platas con la fundación Democracia Viva ya tenía al gobierno en crisis.
En segundo lugar, habiendo transcurrido medio siglo desde que se quebró la democracia en Chile, cuando gran parte de quienes sufrieron la época tienen una edad bastante avanzada, parece una broma de mal gusto que todavía sigamos discutiendo qué pasó o qué no pasó, por qué fue, etc. y no pensemos que quienes vivimos esos momentos (incluso siendo niños) no seremos eternos. Nuestra responsabilidad en esta conmemoración debiera ser la trascendencia de los valores que aprendimos a partir de ese duro momento de la historia y que ese dolor no sea patrimonio de las víctimas y sus familias, sino de todo el país, de nuestros niños, niñas y adolescentes, que serán los que tomarán la posta en poco tiempo más. El nunca más no será realidad si muere en diez o veinte años. Debe seguir vivo para las futuras generaciones.
Esa es la tarea pendiente. Hoy nadie debiera discutir lo que sucedió en el ’73: las FF.AA. se tomaron el poder y derrocaron al gobierno de Salvador Allende. Se quedaron durante 17 años en un país que no los eligió para tal tarea. Asesinaron a más de tres mil personas, de las cuales mil todavía están desaparecidas y, habiendo transcurrido cinco décadas, sus familias no pudieron ni siquiera darles sepultura.
Los historiadores y politólogos obviamente discutirán y analizarán, y ya muchos lo han hecho, las diversas y múltiples circunstancias que terminaron con Augusto Pinochet a cargo del país. Lo mismo en gran parte de Sudamérica. Y es obvio que así sea, pues los fenómenos históricos no suceden porque sí, hay variables que se suceden y que dan origen a ciertas situaciones.
Lo anterior no debe dar pie, en todo caso, a que sigamos con la cantata de la búsqueda de la verdad oficial, porque le guste a quien le guste -y aunque el diputado Alessandri parece carecer de ciertas lecturas requeridas para cualquier político en democracia- hubo tres documentos oficiales que ya establecieron de manera oficial lo que sucedió en Chile entre 1973 y 1990, que fueron trabajados por profesionales de diversas áreas y sectores políticos, incluyendo a la centroderecha, precisamente para que no se discutiera la legitimidad de los informes Rettig, Valech I y Valech II.
Y si alguien todavía quedó con dudas después de que el Estado reconstruyó gran parte de las atrocidades cometidas por la Junta Militar, entonces puede remitirse a las numerosas condenas emitidas por los tribunales de justicia con reos que tendrían que estar más de mil años en la cárcel por sus delitos. ¿O es que la justicia es válida solo cuando estoy de acuerdo con sus fallos?
Por último, hay otro valor que se debe defender en una democracia: la libertad de expresión, derecho que incluso está contenido entre los DD.HH. de la ONU. La moda de la cancelación es muy peligrosa y dañina, pues sigue patrones autoritarios y antidemocráticos que lesionan precisamente la facultad de expresar pensamientos e ideas, con el peligro de que cualquier palabra termine en crisis. El negacionismo debiera ser sancionado, como lo es en países desarrollados que han pasado por procesos traumáticos, pero otra cosa es lo que sucedió con Patricio Fernández, que nunca negó la gravedad de la dictadura y de todas maneras fue amordazado por la peligrosa justicia digital popular.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.