El estudio de Paz Ciudadana, de esta semana, dejó con los pelos de punta a todos quienes accedieron a sus resultados, que apuntan a una realidad preocupante: los chilenos estamos muertos de miedo. La encuesta arrojó que un 40,6% de los consultados ha vivido de cerca la delincuencia, es decir, ha sido víctima de un acto criminal, y que casi un 20% tiene temor a serlo.

Ante ese escenario, el gobierno de Sebastián Piñera es evaluado con nota 3,3 respecto de su gestión en seguridad ciudadana, lo que ha motivado críticas incluso desde su mismo sector. De hecho, RN –en boca de su timonel, Mario Desbordes- reprobó la labor que está realizando el Ejecutivo para controlar a los malhechores y le advirtió que la ciudadanía “siente que no estamos cumpliendo”.

Pero más allá del fuego amigo y del desorden en las filas oficialistas, lo cierto es que las cifras de Paz Ciudadana se convierten en pasto fértil para iniciativas como la que establece el control de identidad a partir de los 14 años, que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, no obstante, fijó la edad en 16 primaveras, gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la DC. A partir de los números, de repente todos encontramos que es necesario controlar hasta a los perros callejeros, por si acaso andan con una molotov o un cuchillo.

Peor aún, este proyecto entra en discusión justo en momentos en que el Instituto Nacional sufre la peor de sus crisis a partir de actos vandálicos que lo tienen prácticamente destruido. Y las estaciones del metro de Santiago padecen los estragos de las evasiones masivas, que arrasan con todo a su paso, gestionado precisamente por menores que quieren protestar por las alzas en los pasajes del transporte capitalino. Nuevamente, el control de identidad aparece como una forma de evitar este tipo de situaciones.

Pero en la otra vereda, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile ya había reaccionado, hace algo más de un mes, frente a la iniciativa del gobierno que pretendía controlar a los menores desde los 14 años. En ese momento, la entidad internacional había advertido que se trataba de “un retroceso en los derechos de la niñez”, que “contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

La pregunta entonces es qué mal se quiere evitar y cómo se sortea desde políticas públicas y en qué pie estamos los chilenos para lidiar con nuestros indignados jóvenes. ¿Realmente la revisión de mochilas controlará la situación del Instituto Nacional o la evasión en el metro?

Lo cierto es que se trata de una generación que ha sufrido el estado calamitoso de una educación pública que los ha dejado inermes frente a un sistema que los presiona cada día más por el exitismo, pero que no les da herramientas. Es una situación que se escapó de las manos de todos los últimos gobiernos y de las medidas parche que han intentado instaurar. Y cuya solución no pasa por un control de identidad previo y por la revisión de mochilas, sino por una necesidad de definir soluciones de fondo, frente a carencias y desigualdades que afectan a la educación pública de todo el país. Porque la mecha explota en el Instituto Nacional, pero es una bomba de tiempo que permanece latente en todas las escuelas y liceos, y que perfectamente puede terminar con nuevos pingüinazos, como los vividos en 2006.

Y si la revisión de mochilas es la solución, ¿no debiéramos pensar en instaurarlo también en otras áreas? Viene a la mente la denuncia –también esta semana- de la diputada RD, Maite Orsini, respecto de que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. ¿Se revisarán mochilas también en el Congreso? ¿A los diputados y senadores? ¿En las instituciones de gobierno?

La solución al alza de la delincuencia, a los actos vandálicos y a las evasiones no pasa por mayor represión previa, sino por medidas preventivas reales, tanto desde el Estado como desde las familias: educación y condiciones dignas para que los estudiantes puedan acceder a una formación de calidad y que les permita enfrentar el futuro, pero también que los aliente a resolver los conflictos sin violencia.

Porque en la práctica, el proyecto de ley que ahora pasará al Senado no solamente quebrantará aún más los derechos de nuestros jóvenes, sino que afectará mayoritariamente a sectores que ya son vulnerables, transformándose, en la práctica, nada más que en un control por sospecha.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.