“Los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando van a las urnas. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. La información es poder”, decía la ONU al conmemorar el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, en 2020.
Efectivamente, una población informada es una ciudadanía capaz de tomar decisiones y de fiscalizar al poder, lo que es un requerimiento básico del funcionamiento democrático y sobre todo en los momentos cruciales que vivimos hoy como país: con elecciones, el proceso para consensuar una nueva Constitución en plena marcha y una pandemia con crisis económica incluida instalada.
El manejo de la información es tan relevante para la democracia, que incluso la ONU lo instala en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como lo menciona el candidato PC Daniel Jadue en las líneas que le dedica al tema en su programa.
Pero si bien el abanderado comunista inicia su capítulo precisamente citando la defensa de la información como derecho humano básico, genera ciertos análisis sesgados en torno a los medios de comunicación, de lo cual derivan después algunas propuestas preocupantes. Así, plantea sin ambages que el escenario mediático en Chile es “uno de los peores escenarios de Latinoamérica”, sin ahondar de dónde saca este diagnóstico y obviando lo que sucede en lugares como Venezuela, donde los medios han sido censurados, cerrados y la información ha sido totalmente ideologizada.
Luego, advierte la brutal concentración de la prensa, situándose en un escenario de los ’90, cuando los medios escritos tenían un peso mucho mayor en el escenario informativo y desconociendo que hoy el mundo digital ha irrumpido con fuerza y que la mayor parte de la ciudadanía se informa a través de lo digital –donde existe un enorme abanico de posibilidades- y no necesariamente a partir de los medios clásicos.
Así, Jadue plantea además que la concentración de los medios tradicionales (insisto, obvia el pluralismo presente en el cibermundo) “se manifiesta en el plano ideológico”, ejemplificándolo con la “práctica habitual” que “tiende exponer una reducida representación de la sociedad cargada de valores, juicios y prejuicios”, mostrando un desconocimiento profundo de cómo funciona el concepto de noticia y la jerarquización informativa. Los espacios –sobre todo en medios tradicionales más que en lo digital- son escasos y la realidad es infinita. Jadue no se refiere a aquello, atribuyendo a una maldad ideológica la selección de las noticias y su extensión, más que a un proceso que tiene que ver con la relevancia del hecho a juicio de un periodista o un editor.
Entre las propuestas, el abanderado PC propone también la modificación de TVN para que efectivamente sea un medio público, lo cual podría tener sentido si efectivamente se le dota de recursos adecuados y no se lo convierte en un agente proselitista del gobierno de turno. Si lo que Jadue está pensando es en un modelo tipo BBC, bienvenido sea. Pero si lo que tiene en mente es un buzón del Ejecutivo, entonces está condenado al fracaso.
Otro elemento destacable tiene que ver con el acceso a internet como un derecho básico. La pandemia lo dejó claro y no solo a partir de la información: hoy el acceso al mundo digital es un bien fundamental y debe ser tratado como tal.
Sin embargo, lo que causa preocupación es su intento de establecer una ley orgánica, en la que se plantea la creación de un consejo ciudadano que determine si los medios de comunicación son “objetivos” y “pluralistas”. La posibilidad de que sea un ente estatal el que determine qué es objetivo y qué no lo es, o que defina desde las alturas estatales y burocráticas lo que es pluralismo, limitando la libertad de fundar medios y de tener la línea editorial que se quiera, atenta contra el bien que quiere proteger: finalmente, la posibilidad de que el ciudadano se informe donde y como quiera.
Lamentablemente, la propuesta de Jadue de inmiscuir al Estado en el devenir de los medios de comunicación atentará contra lo que dice querer defender y se acerca peligrosamente a la experiencia que hemos visto en países totalitarios o donde la democracia está en tela de juicio. Y como señaló la Asociación Nacional de Televisión, la experiencia “demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y programación de los medios, y afectar el pluralismo”.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.