Desde hace un tiempo se aprecia en Chile un lobby persistente de la industria tabacalera, sobre todo Phillip Morris International (PMI) para instalar en Chile sus nuevos productos. Aunque llamados “cigarrillos electrónicos”, los productos que PMI y otras tabacaleras intentan instalar son dispositivos para administrar tabaco calentado. Según sus fabricantes el hecho de que el tabaco no se queme, sino que sólo se caliente reduce significativamente (entre un 90% y 95%, según ellos) el daño a la salud. Lo presentan, además, como un producto que ayuda al adicto a abandonar el consumo de tabaco.
Este lobby ha incluido una reunión del ex Presidente español, José María Aznar (a nombre de PMI) con el Ministro de Hacienda; la contratación de una empresa de comunicaciones con aceitados contactos con el mundo político; la aparición de una Fundación de PMI que ofrece recursos a académicos y universidades para investigar sobre las “bondades” de estos productos; y la realización de encuentros pseudo-científicos con académicos pagados por tabacaleras.
Un suplemento reciente en la revista académica Tobacco Control (del prestigioso British Medical Journal) analizó los efectos en la salud de estos dispositivos. En primer lugar, encontró que los estudios publicados en revistas académicas hasta fines de 2017 eran, en su mayoría, financiados por las tabacaleras, lo que hecha un enorme manto de dudas sobre sus conclusiones.
En segundo lugar, los estudios nuevos, independientes de la industria, muestran una realidad muy alejada de lo planteado por las tabacaleras. De 24 bio-marcadores no relacionados a cáncer, en 23 no existían diferencias entre cigarrillos convencionales y estos productos. Dicho de otra manera, estos productos eran tan nocivos (al menos en estos bio-marcadores) como los cigarrillos convencionales. De hecho, la Food and Drug Administration (FDA), organismo regulatorio de EEUU, dictaminó a principios de este año, que la evidencia presentada por PMI no era suficiente para demostrar que sus productos son menos dañinos que los cigarrillos convencionales.
En tercer lugar, existe evidencia científica independiente que muestra que estos productos no sólo no impulsan a dejar de consumir tabaco, sino que sirven como puerta de entrada a su consumo. Los jóvenes se sienten atraídos por su diseño, por la novedad y por la falsa sensación (impulsada por publicidad) de que son más saludables y comienzan por allí y luego se pasan a cigarrillos tradicionales.
Ante esto se debe adoptar una postura irreductible. Estos productos son peligrosos para la salud y, sobre todo, para los niños y jóvenes. Deben ser considerados como productos de tabaco y, por ello, deben pagar impuestos, no ser vendidos a menores, no usarse en escuelas ni recintos cerrados, su publicidad, promoción y patrocinio debe estar prohibida, etc.
Las tácticas de las tabacaleras, ya vistas anteriormente, que consisten en ocultar información, mentir sobre los efectos de sus productos, financiar a académicos e instituciones para darle un barniz “científico” a sus resultados, etc. no deben primar sobre la salud de la población. La autoridad sanitaria y los parlamentarios deben ser firmes a la hora de salvaguardar la salud de la población que se ve amenazada por intereses comerciales que se sustentan en falsedades, desinformación y, a menudo, compra de voluntades.
Publicado en El Mostrador.