Si bien habrá algunos analistas que se felicitarán por el número de votantes que acudió a las urnas el domingo pasado, lo que ha vivido el país en estos últimos meses es francamente preocupante. Como se sabe, el padrón electoral creció de forma sustantiva con la introducción de la inscripción automática y el voto voluntario, alcanzando ahora un poco más de catorce millones de electores. Ello, sin embargo, no se ha manifestado en una participación proporcional más alta, lo que a todas luces significa un retroceso en la representación democrática.
Por supuesto, nadie puede ser obligado a inscribirse en los registros electorales. También es cierto que nuestras élites han hecho poco por mejorar la calidad del debate público, y que parte de la abstención se debe a los casos de corrupción por todos conocidos. No obstante, me parece que la responsabilidad de la baja participación no recae tanto en dichos casos, cuanto en lo que las autoridades pasadas y actuales han entendido por participación.
Sin duda, el voto voluntario introducido durante el gobierno de Sebastián Piñera es un arma de doble filo: por un lado, reconoce la autonomía de los individuos y consagra soberanamente su poder de decisión. Pero, por otro concentra la participación en los sectores más alfabetizados de la sociedad, ya que son estos los que tienen un mayor y mejor acceso a la publicidad y comunicación políticas.
Ahora bien, la baja participación electoral no se debe únicamente al voto voluntario. Tanto o más pernicioso ha sido el voluntarismo con el que el actual Gobierno ha llevado adelante su agenda “anticorrupción” (liderada por Eduardo Engel). El recorte de los recursos no hizo sino confirmar lo que muchos temían: que muchos de los nuevos candidatos alcanzarían el Parlamento porque fueron “arrastrados”, no porque la ciudadanía conscientemente les diera su apoyo. Del mismo modo, la reducida cantidad de papelería que se apreció durante estas semanas en las calles podrá satisfacer nuestra estética y ecologismo, pero de ninguna manera mejoró los niveles de participación.
Tenemos, entonces, un país que se cree más “liberal” porque introdujo una ley de voto voluntario que refuerza la decisión individual. Acto seguido, empero, esos mismos individuos han perdido de vista el significado e importancia del voto, en especial en un año de decisiones tan trascendentales como éste.
Chile cuenta con una larga, constante y evolutiva tradición electoral, como lo demuestran el fin del voto censitario o la norma que permitió el voto femenino. De no mediar un consenso en torno a la relevancia que tiene un padrón activo para la democracia representativa, me temo que deberán introducirse reformas a la ley que nos rige. ¿Estarán los parlamentarios —ya sean antiguos, nuevos o “arrastrados”— dispuestos a algo así?
Publicado en La Segunda.