Hace treinta años, en una pequeña localidad de Tennessee, EE.UU., un grupo de padres se rebeló contra el programa de lectura obligatoria al cual estaban sometidos sus hijos en la escuela pública. Los apoderados estaban molestos porque las lecturas en cuestión contenían enseñanzas antitéticas con sus propias creencias religiosas. Entre otras cosas, el programa tenía por objeto desarrollar en los niños una serie de valores que podrían ser calificados como humanistas o seculares. Uno de los pasajes, por ejemplo, describía aun hombre realizando labores domésticas en la cocina, cuestión que fue resistida por aquellos grupos que preferían una instrucción tradicional sobre los roles correspondientes a cada género. Otro punto controvertido del programa enseñaba a los niños que existían diversas maneras de profesar la religiosidad y que todas eran igualmente válidas. Para los fundamentalistas, esto constituía una abierta violación a su credo. Cuento corto: los padres demandaron a la escuela y solicitaron diversas estrategias de acomodación. Casi todas fueron rechazadas.
El caso, más conocido como Mozert v. Hawkins, es un buen pie forzado para analizar el revuelo que ha causado en ciertas familias conservadoras de Chile y Latinoamérica la supuesta medida de incluir polémicas perspectivas de género en la educación pública. Esto a propósito de la ley de identidad de género que se tramita en el Congreso, cuyos alcances superan con creces la dimensión educativa.
Bajo el lema #AMisHijosNo, miles de padres se han organizado para oponerse a que sus hijos sean “adoctrinados” en una “ideología” que, estiman, atenta contra sus principios judeo-cristianos. Esta columna no ofrece necesariamente un argumento a favor de la enseñanza específica de un cuerpo de ideas o doctrinas, sino que busca explorar la consistencia de una campaña como la descrita. La pregunta es acerca de los límites del poder político cuando se trata de la educación de nuestros hijos. Dicho sea de otra manera, cuándo los padres están legitimados para decir #AMisHijosNo, ya sea respecto de éste u otros contenidos controversiales.
A su favor, existen al menos tres vías arguméntales. La primera, de origen libertario, apunta a que las relaciones de familia son estrictamente privadas. De ahí surge una robusta noción de derechos parentales. En su versión más radical, considera que los niños prácticamente pertenecen a sus padres.
Más sutil es la idea de que los padres perfeccionan sus propios proyectos de vida a través de sus hijos.
En ese sentido, elegir soberanamente sobre su crianza -educación incluida- es un componente fundamental de la experiencia filial. La segunda vía argumental, de tonos comunitaristas, se funda en el valor de la coherencia cultural, en este caso, entre el entorno familiar y la escuela. Es decir, no se funda sobre los derechos de los padres, sino sobre las necesidades del niño de crecer en un ambiente libre de mensajes contradictorios. El tercer argumento, que inspira a algunos liberales, es el respeto a la diversidad ética al interior de la sociedad. Según esta corriente, el poder político debe tolerar y conceder todas las acomodaciones pertinentes para honrar su compromiso con el pluralismo. Sin embargo, ninguno de los argumentos señalados derrota a lo que podríamos denominar los fines centrales de una educación liberal en sociedades democráticas. Éstos son, a grandes rasgos, el desarrollo de una capacidad de autonomía y la promoción de ciertas virtudes cívico-políticas básicas. Educar para la autonomía implica ejercitar el pensamiento crítico. Para aquello, es vital que los niños estén expuestos a distintas ideas y creencias respecto de la vida buena. Así, deben ser capaces de reflexionar sobre su propia herencia cultural. Ello no ocurre si los padres tienen el derecho de encapsular a sus hijos en un modelo educativo que tiene por objeto reproducir la lealtad tribal. Por eso no basta que aprendan a sumar y restar. Claro que es importante que las comunidades disfruten de continuidad intergeneracional, pero dichos objetivos no están por sobre el derecho de esos niños a tener, en la expresión de Joel Feinberg, un futuro abierto. En ese sentido, un liberalismo de raíz kantiana considera que los niños nunca son medios para el desarrollo de los fines de los padres.
Respecto de los propósitos cívicos, la literatura insiste en la importancia de aprovechar el espacio educativo como escuela de ciudadanía. El aprecio de la diversidad no es un elogio a la balcanización. Es justamente la circunstancia del pluralismo la que demanda mínimos políticos comunes para la convivencia. Esos mínimos se transmiten a través de currículums orientados a la formación de una conciencia de igualdad democrática.
La implicancia real de la ley de identidad de género en el sistema educacional es mínima. Algunos incluso dicen que inexistente. Pero si acaso tuviera un correlato curricular o pedagógico, existen buenos argumentos para sostener que los principios que inspiran dicho proyecto están alineados con los objetivos de una educación liberal, tanto en su dimensión facilitadora de la autonomía como en su dimensión de ciudadanía.
Nuestros niños tienen el derecho de conocer la realidad del mundo, incluidos los complejos debates científicos y normativos sobre el género. Tienen también el deber político -como futuros ciudadanos- de ser socializados en el respeto a la diferencia y la dignidad humana. En conclusión, cuando los objetivos centrales de la educación están en juego, ningún liberal debiese decir #AMisHijosNo.