La profesora Verónica Undurraga de la Facultad de Derecho participó como experta internacional representando a Human Right Watch en la audiencia pública convocada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en una causa en la que se solicita que el Tribunal se pronuncie a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.

En Brasil una mujer que aborta puede ser condenada hasta 3 años de cárcel, salvo que se encuentre en algunas de las causales de aborto legal, que son riesgo de muerte para la mujer, violación o anencefalia del feto. “Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados en 2010 y 2016 y respaldados por su rigurosidad técnica por la Organización Panamericana de la Salud, una de cada 5 mujeres en Brasil a la edad de 40 años ya ha interrumpido un embarazo”, sostiene Undurraga.

La audiencia pública se realizó los días 3 y 6 de agosto y su objetivo fue contribuir a una mejor decisión por parte del Tribunal, proveyendo argumentos técnicos, científicos, filosóficos y jurídicos sobre el tema.  La profesora Undurraga fue seleccionada por el Tribunal, entre más de 200 personas y organizaciones que solicitaron participar en la audiencia.

En el año 2016, el Supremo Tribunal Federal de Brasil citó el trabajo de la académica UAI en otra causa sobre aborto (Habeas Corpus 124.306, del 9 de agosto de 2016).   En la presentación que dio inicio a esta causa, los denunciantes también citaron y utilizaron argumentos jurídicos de la abogada experta en el derecho constitucional, los derechos humanos y estudios de género.

La mayoría de las mujeres que abortan son jóvenes, con hijos y profesan algunas de las religiones comunes en el país: católicas, evangélicas o espiritistas. “Si la ley penal sobre aborto fuera aplicada sistemáticamente, hoy 3 millones de mujeres brasileras estarían o habrían estado en la cárcel por haber abortado ilegalmente”, recalca la abogada. Asimismo agrega que “en este contexto, para Brasil la penalización del aborto se traduce en un grave problema de salud pública, como lo reconoció abiertamente el Ministerio de Salud en la audiencia”.

En su presentación, la académica UAI enfatizó que los Estados están obligados a priorizar medidas que sean efectivas para disminuir las tasas de aborto y que de acuerdo a la evidencia de salud pública y a la experiencia internacional, esas medidas son de carácter preventivo. “Para prevenir el aborto es fundamental que las mujeres puedan acudir con confianza a los centros de salud.  La penalización aleja a las mujeres de los servicios estatales, las ahuyenta.  Esto provoca que el Estado pierda toda oportunidad real de proteger la vida prenatal”, señala Undurraga.

Por otra parte, añade que “la criminalización de la práctica no disminuye las tasas de aborto y expone a las mujeres a riesgos a su vida y a su salud, lo que en términos jurídicos constituye una violación de un conjunto de derechos que la Constitución brasilera y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen a las mujeres. 

Para Undurraga “el aborto es una experiencia común en la vida reproductiva de las mujeres.  La única forma de disminuir su incidencia es adoptando políticas inteligentes de salud y educación.  Sancionarlo criminalmente es totalmente contraproducente”.

Sobre el resultado de la Audiencia en la que participó la académica de la Facultad de Derecho, aún no hay un plazo establecido para que el Tribunal Brasilero dicte sentencia en esta causa.