Analista político indispensable en el acontecer nacional, académico de la Escuela de Periodismo UAI y Director Académico del Máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos que está a punto de debutar, Max Colodro habló con Revista Caras, anticipando el impacto que los casos de corrupción tendrán en las próximas elecciones municipales, los efectos que tendrá a futuro la política de gratuidad recién instaurada por el gobierno, la pérdida de las confianzas de la ciudadanía en las instituciones y los mayores problemas que enfrenta hoy la administración de Michelle Bachelet.
Poco y nada queda del disciplinado militante comunista que fue. Cada día más liberal, aunque se defina como independiente de centro izquierda, Max Colodro Riesenberg opina con la propiedad de quien viene de vuelta y la agudeza del que conoce mejor que nadie los laberintos y vericuetos por donde transita la clase política. Ex director de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía y ex vocero de Marco Enríquez-Ominami en la campaña presidencial del 2009, este sociólogo y doctor en filosofía convirtió los comentarios de su blog De menos a Max que el diario La Tercera reproduce semanalmente, en una verdadera brújula del acontecer. Ahí, con la misma precisión que dedica a sus estudios de cábala, desmitifica conflictos, prevé enfrentamientos y desnuda verdades. Algo así como una suerte de pitoniso que rara vez se equivoca, le pese a quien le pese.
—Hay quienes plantean que la administración de Michelle Bachelet será bien evaluada por la historia por iniciativas como la gratuidad.
—Creo que las reformas que ha planteado el gobierno son importantes, mi duda es si van a tener la envergadura y el impacto que el Ejecutivo depositó en ellas. Sinceramente creo que la gratuidad universal es a estas alturas una promesa absolutamente descartada, en el sentido de que nunca vamos a llegar en un horizonte de tiempo razonable a una situación donde la totalidad de los jóvenes que estudian en la educación superior accedan a ella. Lo más probable es que durante muchísimo tiempo la gratuidad sea paradójicamente el privilegio de una minoría, una política focalizada en los sectores de menores ingresos, que es lo razonable.
—La clase media nuevamente postergada.
—Así es. Con esto, queda desechada la idea de la educación gratuita como un derecho universal, lo que en mi opinión nunca tuvo el sentido ni la menor viabilidad financiera. Plantear esa idea como bandera de lucha fue una gran irresponsabilidad del gobierno, que tarde o temprano le va a pasar la cuenta. Una de las críticas más de fondo que le hago a la construcción del imaginario de la Nueva Mayoría tiene que ver con hablarle al país sólo de derechos y no de obligaciones.
— ¿Coincides con quienes denuncian populismo desde la Moneda?
—En la asimetría que hay en el discurso del gobierno en lo que se refiere a derechos y deberes hay un populismo muy grande. La gratuidad debería haber estado acompañada de una claridad absoluta de que acceder a ella significaba aumentar los niveles de calidad, de manera que los jóvenes supieran que iban a estar expuestos a una educación con mucho más exigencias y rigor. Detrás de eso hay una concepción de la sociedad con la que cada día estoy más en desacuerdo. Los países que han sido exitosos en la transformación de su sociedad desde la educación, como Finlandia, Singapur o Nueva Zelanda, tuvieron la capacidad de plantear derechos siempre de la mano de nuevas obligaciones y deberes. Este gobierno ya no siguió ese camino y es muy difícil que lo vaya a hacer el siguiente, porque es muy impopular. La sociedad chilena está en una encrucijada muy compleja, con una espiral de deterioro de las instituciones, de las confianzas y la credibilidad pública.
—Esto contrasta con lo que sostiene el ministro Eyzaguirre, quien aseguró que los políticos habían entendido que frente a la crisis de legitimidad era indispensable un cambio.
—Discrepo absolutamente. No creo que hayan entendido absolutamente nada. Los dirigentes tienden a pensar que las cosas siempre pasan y que en definitiva las inercias político-culturales pesan más que nada. Por lo tanto, no ven como imprescindible hacer cambios que apunten a reconquistar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Ellos sienten que la pérdida de respaldo es una variable que no incide mayormente en el funcionamiento mismo del sistema político. La UDI es por estos días el niño símbolo de los problemas de corrupción, pero hay que tener cuidado de no ver ahí algo significativamente distinto de lo que está pasando con todo el sistema político tradicional. Más allá del cuestionamiento legal, aquí hay un tema moral mucho más grave en la izquierda que estuvo dispuesta a recibir recursos del entorno de Pinochet. Eso es muy distinto a la situación de PENTA, donde empresarios simpatizantes de la UDI les entregaron recursos a los candidatos cercanos a su sector.
— ¿Cuál crees que será el impacto que esto va a tener en las próximas elecciones municipales?
—Probablemente lo más evidente va a ser un porcentaje muy alto de abstención, principalmente entre los jóvenes. La gente que sí va a votar es la que se inscribió para el Plebiscito de 1988. Ahí está el problema, ahora los locales de votación parecen asilos de ancianos, no hay gente joven haciendo la fila. Eso provoca que la actividad política siga anclada en ciertos ejes tradicionales, ya que los que participan le dan su voto mayoritariamente a la coalición de centroizquierda o el conglomerado de centro derecha que hoy se conoce como Chile Vamos. Es muy difícil que se muevan de ahí. Puede surgir un movimiento ciudadano que canalice la rabia y el descontento, pero eso no tiene una expresión electoral. La mejor evidencia son los problemas que está teniendo Revolución Democrática para inscribirse como partido político.
— ¿Eres de los que considera que es indispensable un cambio de gabinete?
—Sí, porque en condiciones de tanto deterioro político y falta de conducción por parte de la Presidenta, los gabinetes tienden a desgastarse muy rápido.
—Las críticas de los dirigentes oficialistas son pan de cada día, ¿son los partidos de la Nueva Mayoría los principales enemigos de la Presidenta?
—El peor enemigo de Bachelet es el segundo piso, que funciona como un cuerpo hermético, autónomo y absolutamente desconectado del gabinete. Ese es el verdadero gabinete paralelo y le ha hecho un daño increíble a toda la administración. Esa lógica de entender la toma de decisiones es la que ha alejado a la mandataria de sus ministros, generando una distancia insalvable. Que las determinaciones sustantivas estén en manos de asesores que no pertenecen a la línea formal de la coalición es muy peligroso y contraproducente, ya que no responden a ningún principio de responsabilidad política y las consecuencias las vemos todos los días.
*Fuente: Revista Caras.