Con el objetivo de disminuir fuertemente la evasión del IVA, uno de los cambios relevantes que propone el proyecto de reforma tributaria recientemente presentado, es la incorporación obligatoria de la boleta electrónica en todo el comercio. En el informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), se estima que la recaudación producto de este cambio sería de US$1.181 millones en régimen. Por otro lado, se proyecta que el costo de la “Digitalización de la atención del Contribuyente”, el cual –entre otras cosas– incluye el costo para el SII de la implementación de la boleta electrónica, sería de US$ 13,5 millones en cinco años.
Más allá de todas las ventajas que tiene un sistema de boleta electrónica en términos de facilitar el cumplimiento tributario y reducir la evasión, tenemos un grado de escepticismo razonable respecto a que se logrará recaudar lo que se estima. En este contexto, nos parece importante analizar las cifras tanto de recaudación como de costos de implementar el sistema.
En el caso de la recaudación, las estimaciones se basan, principalmente, en asumir que la evasión del IVA va a disminuir en la misma magnitud que lo hizo el uso de los vouchers de Transbank como boleta. Esta modalidad, de acuerdo al informe de DIPRES “en algunos comercios habría reducido la evasión en un 9,9% tratándose de microempresas y en torno a 12,1% en el caso de las pequeñas empresas”. En Chile hay casi 700.000 microempresas, que representan solo el 1,8% de todas las ventas, y casi 200.000 pequeñas empresas, que representan el 6,6% de todas las ventas.
Si bien la introducción del voucher de Transbank tuvo el impacto porcentual mencionado por el informe de DIPRES, las estimaciones del SII muestran que este implicó una mayor recaudación de entre US$90 y US$110 millones anuales, que corresponden a un 8% más de recaudación de IVA. Esto implica que el impacto esperado de la boleta electrónica es 10 veces mayor que el impacto que tuvo usar el voucher de Transbank como boleta. Por otro lado, la evasión de IVA estimada por el SII es de alrededor de US$5.000 millones, lo implica que el impacto de la boleta electrónica para alcanzar el aumento estimado en la recaudación corresponde a reducir la evasión en 20%. Se trata de órdenes de magnitud muy importantes y no hay evidencia que respalde caídas tan grandes en la evasión.
Por otro lado, en el caso de los costos, hay que considerar no solo el costo para el SII sino que también el de los comercios que tienen que cambiarse de boleta de papel a boleta electrónica. Esto último incluye el costo del dispositivo y el de operación (mantención, soporte y conectividad, ya sea a través de un enlace internet o vía celular). La reforma no establece detalles respecto a la forma de implementación y esos detalles importan.
Hoy ya existe el concepto de boleta electrónica y está asociado al pago usando medios bancarios (tarjetas de débito y crédito), en el cual se reconoce como boleta el comprobante que emiten los dispositivos de pago provistos por la empresa Transbank (también llamados POS). El problema surge cuando el pago se realiza con efectivo. De hecho, algunos comercios cuentan con dos sistemas, la boleta tradicional en papel para el pago en efectivo, y el POS para los pagos electrónicos. Para masificar la operación de la boleta electrónica y eliminar la boleta de papel, hay que instalar otros dispositivos similares a los de Transbank pero con menor cantidad de funcionalidades o modificar los dispositivos existentes para que contengan esta nueva funcionalidad.
En el caso de la mayoría de los pequeños comercios que no cuentan con esos dispositivos, deberán adquirir uno, el cual, al igual que en el caso de la factura electrónica, debieran a estar conectados al Servicio de Impuestos internos para el envío del comprobante. Ello implica un aumento muy significativo en el volumen de boletas que debe procesar impuestos internos, por lo que se debe potenciar en forma sustantiva su plataforma tecnológica para estos efectos. Este último costo es el que estimó DIPRES en su informe. Sin embargo, ese no es el único costo.
Los costos del nuevo sistema se pueden desglosar en tres componentes. El primero, el de los dispositivos de pago del tipo POS, que cuestan entre US$125 y US$ 160 cada uno. En el caso de dispositivos con menos funcionalidades, como las requeridas en este caso (emisión y envío del documento boleta electrónica al SII), este costo podría bajar hasta unos US$ 100. El segundo, es el costo de operación, que incluye la conectividad (celular o web) y los costos de mantención (actualizaciones de software, papel, y soporte entre otros). El tercero, es el costo asociado a los procesos de captura y operación, los que si se sigue el modelo de factura electrónica, deberán ser del SII. ¿Quién va asumir todos estos costos? Al tomar datos públicos de la industria, el costo fijo asociado a los dispositivos de pagos es de 0,60 UF/mes más una comisión por venta.
Para las casi 700 mil microempresas que existen en Chile, todas con ventas menores a 2.400UF anuales, el costo del dispositivo más el pago mensual de operación representa una fracción importante de sus ventas y un aumento de costos significativo. Si el Estado incurre en ese costo y se subsidia su implementación, hay que agregar ese costo a las estimaciones de DIPRES. Si los microempresarios tienen que incurrir en él, pueden que opten por evadir el IVA, en cuyo caso la estimación de recaudación es aún menos probable que se cumpla.
Publicada en El Mercurio.