La Cámara de Diputados aprobó recientemente la creación de una agencia especializada autónoma para la protección de datos personales que regulará, interpretará, fiscalizará, y cuando corresponda, sancionará la vulneración al derecho fundamental a la protección de datos. El proyecto debería ser prontamente despachado por el Congreso Nacional para convertirse en Ley.
El debate desde hace años se había centrado en entregar las competencias en datos al Consejo para la Transparencia, institución que ha podido generar notables avances en materia de transparencia y acceso a la información. El Consejo ha tenido que resolver conflictos denegando o accediendo a la entrega de información, donde la protección de los datos ha sido el límite, lo que ha llevado a afirmar por algunos que la transparencia y la protección de datos serían dos caras de la misma moneda que hoy se supera por la realidad de las economías basadas en datos. En efecto, reducir la protección de datos al dilema del acceso a la información es simplificar los verdaderos desafíos de la protección de datos personales. Así la futura agencia de protección de datos deberá lidiar con el sector salud, hospitales, clínicas, farmacias, isapres; resolver sobre el tratamiento de datos financieros en el área de educación, universidades y colegios, poner atención en el tratamiento de datos de niños y niñas, datos en redes sociales, videojuegos, telecomunicaciones, seguros, ciberseguridad, publicidad, geolocalización, relaciones de consumo, y otras tantos entornos laborales, religiosos, políticos, de investigación científica y en el intenso uso de tecnologías como la internet de las cosas, los algoritmos y la inteligencia artificial, entre muchos ámbitos.
El dilema del acceso a la información y protección de datos, es una parte muy acotada de esta disciplina, la cual debe moverse principalmente entre los equilibrios del resguardo de los derechos de las personas y el desarrollo de la economía digital. Por lo mismo la experiencia internacional es mayoritaria en organismos especializados que mixtos.
Los desafíos de la transparencia y la protección de datos son distintos y por ende las demandas de los ciudadanos serán también distintas. Las personas no podemos negociar el uso que se da a nuestros datos, los equilibrios deben ser fijados y existir incentivos reales de cumplimiento de las normas. Así es un rol del Estado crear las condiciones para ejercer nuestras libertades y derechos, hoy crucial en nuestra vida es digital. Una agencia de protección de datos no solo pondrá en práctica la protección de datos, pondrá al Estado como un protagonista activo en la defensa de los derechos humanos en el ciberespacio.
Publicado en La Segunda