El 17 de diciembre Chile votará en el plebiscito de salida una segunda propuesta constitucional. Tras una mayoría aplastante (que incluye el voto de estos columnistas) que rechazó la primera propuesta constitucional de carácter identitario, se generó un acuerdo político para posibilitar una alternativa más convocante. Lamentablemente, el nuevo texto no hace honor a ese acuerdo de origen, sino más bien tropieza con la misma piedra: hacer un diseño institucional para satisfacer a un solo sector.
Esto no es solo mala política, también es mala economía. Para lograr un desarrollo sostenible no basta con una constitución que solo resguarde los derechos de la propiedad: también importan otros derechos como la educación, salud y seguridad social, entre otros. Si bien la propuesta es declarativa al respecto, restringe de forma exagerada las herramientas de política pública para lograr la satisfacción de esos derechos.
En primer lugar, la proposición constitucionaliza especialmente un tipo de política pública: aquella basada en elecciones individuales, lo cual indirectamente refleja una fijación por el derecho de propiedad. En particular, bajo la nueva propuesta las cotizaciones obligatorias de salud o previsión tienen que ser portables entre el sistemas público y el privado (art. 16 nº 22 salud, art. 16 nº 28 previsión). En la misma línea, los numerales 23 y 24 del artículo 16 constitucionalizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, incluso al punto de constitucionalizar la enseñanza en el hogar (homeschooling) como derecho (art. 16 nº 24-b) y de prohibir el financiamiento preferente a las instituciones educacionales del Estado (art. 16 nº 23-f, art. 16 nº 23-g). Naturalmente, una persona puede estar de acuerdo con la elección individual como una herramienta de política pública, pero algo muy diferente es constitucionalizarla como la única alternativa posible.
Por otro lado, la satisfacción de los derechos sociales significa una carga de gasto futuro que debe ser solventado por una mayor recaudación. Al contrario, la propuesta constitucional tiende a erosionar la recaudación fiscal. En particular, la constitucionalización de una exención de toda contribución o impuesto territorial (art. 16 nº 29-b) en la práctica nos deja sin la posibilidad de un impuesto altamente progresivo, fácil de fiscalizar y que usualmente es usado para el financiamiento de bienes y servicios públicos locales (tan demandados por la ciudadanía). Asimismo, el art. 16 nº 31-b) constitucionaliza el derecho a deducir gastos “necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia” de la base impositiva, lo que ya es extraño en una constitución, sin definir cuáles son exactamente esos gastos. Esto obviamente resultará en una mayor judicialización. Por tanto, se hace evidente que, aunque se declaran derechos sociales, el financiamiento para la satisfacción de esos derechos se reduce. Dicho de otra forma, la propuesta parece sugerir que el derecho social más importante es el poder evitar al Estado.
En cambio, es nuestro parecer que una constitución debería ser en principio minimalista en lo que respecta a la política pública, no un programa de gobierno. En ese sentido, cabe resaltar que la propuesta eleva el quórum constitucional a 3/5, mayor al actual 4/7. Esto implica que la constitución será más difícil de modificar y que, de ser aprobada, tendremos la reconstitucionalización de un diseño de políticas públicas que fue objeto de rechazo en marchas ciudadanas masivas en los últimos 15 años. Por lo mismo, su aprobación tampoco reduce la incertidumbre económica en el mediano plazo.
Observando esta realidad, nuestra posición es rechazar esta propuesta constitucional (tal como lo hicimos públicamente con la primera). La razón fundamental es que pasamos de una propuesta que no entendía la importancia del derecho de propiedad, a una que cree que el derecho a la propiedad lo es casi todo. Como dijo el economista Karl Polanyi, en contraposición a Hayek, las personas necesitan más derechos que solo los derechos de propiedad. De allí que no nos extraña que, tal como nosotros, la mayoría de los chilenos parece dispuesta a rechazar esta nueva propuesta constitucional.
Por último, no queremos dejar la oportunidad de hacer un llamado a analizar el texto constitucional en su debido mérito y no dejarse llevar por un ambiente polarizado. Mejorar nuestro país requiere diálogo, entendimiento y colaboración, en lugar de la simple descalificación ad-hominem. De no lograr acuerdos amplios para avanzar en conjunto, seguiremos con la insatisfacción política y social que nos impide avanzar hacia el desarrollo.
Publicada en El País.