Chile se prepara para atravesar lo que probablemente sea el momento político más importante desde la vuelta de la democracia en 1990. El plebiscito del domingo próximo marcará un punto de inflexión en la historia del país, pues se decidirá si la actual Constitución Política (elaborada durante el régimen de Augusto Pinochet, aunque ampliamente modificada posteriormente) es reemplazada por una nueva Carta Fundamental, cuyo texto ha despertado tanto esperanza como repudio entre los ciudadanos. “Apruebo” o “Rechazo” son las consignas, representando a quienes apoyan la sanción del nuevo texto y a quienes se oponen, respectivamente.
Son innumerables los elementos novedosos que incorpora la propuesta, por lo que aquí nos referiremos sólo a algunas características importantes.
En primer lugar, la propuesta establece que Chile es un estado plurinacional. En pocas palabras, esto quiere decir que dentro del Estado chileno coexisten diferentes pueblos y naciones con distintas cosmovisiones. Una cantidad significativa de ciudadanos considera que el Estado tiene una deuda que saldar con las comunidades indígenas. Esta norma se orientaría principalmente a ese objetivo.
Relacionado con lo anterior, la propuesta consagra el derecho de los “pueblos y naciones indígenas” al “autogobierno”, lo que implica que puedan regirse de acuerdo con su propia cultura, además del reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos. Entre otras cosas, ello supone que los tribunales deben adoptar una “perspectiva intercultural” en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia (el llamado “pluralismo jurídico”), pero siempre dentro del marco de la Constitución y el régimen internacional de los derechos humanos. Este componente ha generado controversia entre quienes consideran que la vaguedad de la normativa podría generar incertidumbre jurídica, desprotección de los miembros más vulnerables de esos grupos y atentar contra el principio de igualdad ante la ley.
Por otra parte, el texto incluye un cambio de paradigma en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (muchos que rechazan la propuesta conceden que este es el rasgo más rescatable). Así, por ejemplo, a diferencia de la Constitución actual, el proyecto consagra el derecho a la vivienda digna. Además, mientras que la Constitución vigente sólo establece directivas generales respecto al derecho a la salud, la propuesta contempla en su articulado un Sistema Nacional de Salud. Otro ejemplo es la seguridad social: la actual Constitución permite adoptar un sistema de capitalización individual, mientras que la propuesta sometida a plebiscito pretende avanzar hacia un sistema público de seguridad social, financiado por medio de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación.
Asimismo, el texto propuesto modifica el lenguaje con el que se autorizan las expropiaciones. Mientras que la Constitución actual establece que la expropiación por motivos de interés general o utilidad pública debe ser legislada y previamente indemnizada, la propuesta agrega que el monto de la indemnización debe ser su “justo precio”. Aquí podría ser clave una regulación que brinde certidumbre jurídica a los propietarios. Por ejemplo, supongamos que el gobierno decide construir una vía de tren y el trayecto planificado es tal que necesariamente debe atravesar un terreno de nuestra propiedad, por lo que el gobierno decide expropiar nuestro terreno para tal fin. Una vez que el gobierno toma públicamente esta decisión, el valor de mercado de nuestro terreno caerá pronunciadamente (¿quién estará interesado en comprar un terreno próximo a expropiarse?). Este hecho es relevante porque, si ese fuese el “justo precio”, sufriríamos una pérdida considerable.
El texto puesto en consideración también incluye cambios muy sustanciales al interior de su sistema político. Por ejemplo, se establece una nueva composición del Poder Legislativo, que quedaría conformado por el “Congreso de diputadas y diputados”, así como también por una “Cámara de las Regiones” que reemplazaría a la institución del Senado. Dado que sus atribuciones son menores a las del Senado, su real contrapeso ha sido motivo de debate.
Al margen del resultado del plebiscito, todo parece indicar que esta historia se extenderá más allá del 4 de septiembre ya que, si gana la opción del “Apruebo”, el oficialismo ha prometido modificaciones sustanciales al texto; mientras que si gana el “Rechazo”, existe un acuerdo amplio sobre la necesidad de abrir un nuevo proceso constitucional. En este sentido, es altamente probable que ninguna de las dos consignas se dé por derrotada.
Columna coescrita junto al académico UAI, Ezequiel Spector.
Publicada en La Nación, Argentina.
