La regla de oro, en la planificación urbana, es que mientras más sea la participación, mejores serán los resultados. Pero, en la práctica, la relación entre una participación comunitaria más profunda y resultados de mejor calidad no es directa. Por ejemplo, en la mayoría de los casos se considera la participación como una forma de difundir información cuando las decisiones ya fueron tomadas en otras instancias de reducida interacción. Así, la autoridad controla el proceso de definición, y las comunidades sólo tienen el derecho de expresar ideas. La mayoría de la participación en la planificación urbana corresponde, de una u otra manera, a una variante de esta modalidad.

En otras oportunidades la participación, de modo innovador, se ha realizado a modo de una elección de proyectos de inversión en los territorios de una comunidad. Generalmente se determina una lista de propuestas a través de la participación, y luego éstos se priorizan por medio de plebiscitos o consultas. La jerarquización es la demostración de la participación ciudadana mediante la votación.

Pero los procesos de participación altamente integrados son más escasos. Si bien la co-planificación, la co-decisión, la co-gestión y por ende la coimplementación aluden directamente a la máxima integración de la participación y planificación, la participación integrada entre ciudadanía y gobernabilidad, paradojalmente, es percibida como la delegación de poder por parte de la autoridad democrática. En la práctica, mientras más integrada sea la participación, mayor es la percepción de una desautorización del tomador de decisión.

Así se instala —de manera indirecta o directa— la disyuntiva de cómo incrementar la participación sin perder el control de la autoridad. Tal dicotomía coloca a la participación como la gran promesa de integración, pero que amenaza a la democracia dirigida por una autoridad que representa a los mismos ciudadanos. El desafío de conceptualizar la participación como parte de un proceso legítimo de la democracia tendrá que ser esgrimido por el estamento político mediante un nuevo equilibrio entre control de la planificación y descontrol del proceso de participación. Una  participación integrada demanda una autoridad con capacidades para una nueva gestión y administración territorial. El valor de la autoridad en la participación ya no puede estar en el control, sino en la orquestación.

Publicado en Diario La Segunda.