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Participación ciudadana en el proceso legislativo

17 de Mayo 2018 Columnas

La participación ciudadana en la producción normativa, sea a través de leyes, reglamentos y resoluciones administrativas, ha dejado de ser una preocupación puramente teórica. Gracias a la modificación constitucional del año 2005 se introducen los principios de probidad y transparencia como ejes orientadores de la actuación de los órganos del Estado. Es así como en 2008 se dicta la Ley sobre Acceso a la Información Pública (Ley 20.285) para regular el principio de transparencia en la función pública. Ahora bien, sus normas no son todas aplicables al Congreso Nacional: este organismo solo queda regido por sus principios generales (artículos 3 y 4) y por la transparencia activa (artículo 7). A diferencia de la administración pública, esta ley no regula la participación ciudadana en el ejercicio de las atribuciones legislativas.

¿En qué situación se encuentra la participación ciudadana en el proceso legislativo? La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Ley 18.918) estableció en su artículo 5 A que los diputados y senadores “ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica y los reglamentos de ambas Cámaras”. A continuación, la ley complementa el articulado definiendo este principio, que “consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la Sala y en las comisiones, así como las Cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilicen”. Con todo, se aclara unos incisos más adelante que “las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros”.

¿Qué dicen los reglamentos de las Cámaras? El de la Cámara de Diputados indica en su título II, de las comisiones de la Cámara, artículo 218 bis, “que las comisiones permanentes, en coordinación con la mesa, deberán establecer un sistema de relación con la ciudadanía a través de jornadas temáticas… con el objeto de desarrollar uno o varios temas de interés e interactuar con los ciudadanos relacionados con la temática en cuestión”. El Senado no contiene una disposición expresa sobre participación ciudadana. Regula, no obstante, el ejercicio del derecho de acceso a la información (artículo 221) y crea una comisión de ética y de transparencia encargada de establecer normas de buenas prácticas para un mejor desempeño de las funciones del Senado y velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y acceso a la información pública (artículos 229 a 237).

Ante la ausencia de un mandato explícito sobre la forma de incentivar la participación ciudadana, la iniciativa de las Cámaras se torna relevante para incluir las opiniones de la ciudadanía en el proceso legislativo. En el siglo XXI, la tecnología digital nos entrega una posibilidad real, complementando con ello los procesos deliberativos que ocurren al interior de las instituciones más tradicionales de representación popular.

El miércoles 18 de abril de 2018, en la Biblioteca del Congreso Nacional, se llevó a cabo una conferencia sobre crowdlaw o participación ciudadana en la creación de políticas y leyes, organizada por la Cámara de Diputados de Chile y el GobLab en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez. En dicha oportunidad, el Dr. Cristiano Ferri Soeres compartió a una audiencia compuesta por diputados, funcionarios de la Cámara, profesores universitarios, servidores públicos y asistentes en general su experiencia sobre participación ciudadana en el proceso legislativo brasilero. En 2013, el Dr. Ferri creó un laboratorio llamado Lab Hacker, cuyo objetivo era desarrollar aplicaciones digitales para fomentar una cultura de transparencia y participación social en la discusión legislativa al interior de la cámara baja de ese país. Entre sus actividades destacó las maratones para generar aplicaciones digitales de participación social para los parlamentos y la implementación de e-democracia, una plataforma que promueve la participación ciudadana mediante chats, fórums, wikis y otras aplicaciones digitales.

Los resultados son promisorios. Sin embargo, nos indica Ferri, “las herramientas digitales no reemplazan la deliberación legislativa; la complementan”. Mediante estas aplicaciones se busca mejorar la producción de leyes, incluyendo en el proceso de tramitación legislativa instancias de participación directa de la ciudadanía. Con ello se busca aprovechar la inteligencia colectiva, enfatizó al cerrar su exposición.

Al terminar su presentación se abrió un espacio para preguntas y se levantaron muchas manos. Se subió a la testera Paulo Henrique Araujo, gestor de tecnologías de Lab Hacker. Las preguntas giraron en torno a los desafíos que presenta la implementación de un parlamento más abierto. Pese a las dificultades que se pueden suscitar, la síntesis es positiva. Los expositores concluyeron señalando que la transparencia en los procesos de participación permitirá reducir muchos de los peligros que algunos auditores destacaban con sus preguntas.

Esta iniciativa, que lleva adelante Lab Hacker, no es aislada. Desde hace más de 10 años el Senado de Chile administra el “Senador Virtual”, una plataforma digital alojada dentro de su página institucional que permite a la ciudadanía votar proyectos de ley que se encuentran en discusión en la cámara alta chilena.

La gran promesa de la democracia es que las decisiones públicas sean el resultado del debate y de la consideración de todos los puntos de vista. Pese a la claridad de este supuesto, ninguna democracia en la historia occidental ha logrado satisfacerlo plenamente. Incluso la Atenas de Aristóteles, conocida por la calidad de su deliberación, dejaba fuera a las mujeres y a los esclavos de la posibilidad de expresar su opinión sobre los asuntos públicos de la polis. En el siglo XXI, la tecnología digital nos entrega una nueva oportunidad de abrir el debate sobre asuntos públicos más allá de las fronteras físicas de nuestras propias instituciones. Por ahora, el desafío es empezar a hacer uso de estas herramientas y aumentar la participación ciudadana en nuestros procesos legislativos.

Publicado en El Mercurio Legal.

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