El año 2021 fue de intensa actividad para el sector energético en Chile, con una serie de procesos e hitos relevantes que, por una parte, confirman el inmenso potencial de energías renovables de nuestro país y, por otra, encienden luces de alerta sobre la capacidad real del sector de generar consensos sobre las medidas necesarias para un desarrollo eficiente, sostenible y armónico de nuestra matriz energética en el largo plazo.

Un hito destacable del 2021 es el récord de precios bajos alcanzado en las licitaciones de suministro a clientes regulados, con un precio promedio de 24 USD/MWh, y un proceso marcado por ofertas respaldadas con proyectos de generación eólica y solar, ubicados en su mayoría en la Región Metropolitana y al sur de esta, más cerca de los centros de consumo.

También pudimos observar durante el 2021 los primeros avances de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, con 4 proyectos en distintas etapas de desarrollo en la Región de Magallanes, uno de los cuales entraría en operación hacia fines del 2022. Lo anterior, por cierto, es muestra de un mercado e institucionalidad capaces de entregar incentivos y certidumbre para atraer nuevas inversiones a precios competitivos, con directo beneficio sobre nuestra población.

Deudas por servicios básicos y PEC

El sector también ha debido enfrentar importantes desafíos asociados a la pandemia, con una deuda acumulada de suministro eléctrico a clientes regulados, producto de la prohibición de corte de suministro contemplada en la Ley de Servicios Básicos, en torno a los 350 mil millones de pesos.

Afortunadamente, hace poco se conoció que el Senado aprobó una Ley que entregará subsidios para el pago de la deuda acumulada por servicios básicos, considerando focalización en la deuda producida durante pandemia y en un segmento más vulnerable de clientes, lo que constituye una excelente señal para el sector y los consumidores.

También se ha observado un rápido agotamiento del mecanismo de estabilización de precios a clientes regulados PEC (Precio Estabilizado a Cliente Regulado) que, si bien aún no produce alzas de precios regulados, se proyecta que ocurrirán a mediados de 2022 de no aumentarse el tamaño del fondo de estabilización.

Finalmente, a fines del 2021 se conoció un estudio de seguridad de abastecimiento del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en el que se estima que bajo condiciones de baja disponibilidad hidráulica se podría poner en riesgo la seguridad de abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a mediados de 2022, debido a una insuficiencia en la capacidad de reposición de combustible en centrales diésel.

Reformas en espera

Con todo, se prevén importantes desafíos operacionales y de política pública para el sector este 2022, que requerirán una adecuada conducción del Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía (CNE), y la colaboración de todas las empresas del sector.

Quizás uno de los aspectos de mayor preocupación para el desarrollo del sector es la demora que han tenido importantes procesos de reformas legales y cambios reglamentarios en los últimos años, que a pesar de haber sido acompañados de largos procesos participativos y numerosos estudios de apoyo, no han podido traducirse en cambios significativos en la regulación.

Un ejemplo claro de lo anterior es la muy esperada reforma integral a la distribución eléctrica, que está llamada a alinear estructuralmente los incentivos de empresas de distribución, desarrolladores de recursos energéticos distribuidos, y consumidores finales, permitiendo así aprovechar al máximo los múltiples beneficios de las distintas tecnologías de producción y almacenamiento de electricidad y calor distribuidos, tanto en términos de costos como de seguridad y resiliencia del suministro.

Un segundo ejemplo es el escaso avance de implementación de la estrategia de flexibilidad presentada por el Ministerio de Energía el 2020. En particular, la revisión del reglamento de potencia de suficiencia, que forma parte de la estrategia, no ha podido generar un consenso respecto de los cambios necesarios al mecanismo para transitar hacia una matriz eléctrica basada en generación renovable variable y recursos que aporten flexibilidad, tras más de 1 año de análisis y actividad participativa.

En este contexto, es de la mayor importancia para el sector energético que tanto las nuevas autoridades como los distintos actores del sector sean capaces de identificar e implementar rápidamente aspectos de mejora en los procesos de modificación regulatoria.

Ley Marco de Cambio Climático

Sin duda, un aspecto clave para lo anterior será reafirmar los objetivos de política pública de largo plazo del sector, y buscar mecanismos para que las legítimas preocupaciones de corto plazo de los actores del sector no entorpezcan la implementación de modificaciones que buscan objetivos de largo plazo.

En específico, las autoridades sectoriales deberán generar condiciones favorables en términos de señales económicas y certeza jurídica para el desarrollo eficiente de las tecnologías habilitantes de la transición energética. Entre dichas tecnologías se encuentra el almacenamiento de corto y largo plazo para gestionar la gran variabilidad intradiaria y estacional de las principales fuentes de generación eléctrica renovables, como la energía solar, eólica e hidroelectricidad.

También será relevante la integración eficiente de la electromovilidad que, junto con entregar cierta capacidad de almacenamiento al sistema, permite reemplazar el uso de combustibles fósiles. En tercer lugar, será clave continuar el fomento a la producción de hidrógeno verde y reconversión de procesos productivos a dicho combustible, que se ha posicionado como una de las principales alternativas para explotar el enorme potencial exportador de energía renovable de nuestro país.

Finalmente, además de los desafíos antes mencionados, el sector deberá abordar la implementación sectorial de la Ley Marco de Cambio Climático, actualmente en segundo trámite constitucional. La ley mejorará significativamente la institucionalidad ambiental de nuestro país, otorgándole una mayor capacidad y flexibilidad para implementar medidas de mitigación del cambio climático.

Además del establecimiento de metas sectoriales a las emisiones, y la posibilidad de establecer normas de emisiones diferenciadas por fuente emisora en consideración de las capacidades tecnológicas disponibles, la ley considera una serie de incentivos a la innovación tecnológica asociada a la mitigación del cambio climático.

Es de esperar que, con una buena conducción, las medidas e incentivos considerados en la Ley Marco de Cambio Climático permitan a nuestro país alcanzar sus metas de emisiones, y a nuestra economía capturar mayores beneficios del proceso de transición energética global.

Publicada por Nueva Minería.