En el escenario actual de pandemia, han salido a la luz diversas situaciones de uso y abuso de datos personales, en lo que queda de manifiesto la negligencia con que muchas instituciones públicas y privadas administran, almacenan y mantienen los datos de los chilenos.

La ley de datos personales 19.628 que rige desde 1999 y que tuvo una última modificación en agosto de 2020, protege la vida privada de las personas. Sin embargo, está muy lejos de la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea y deja varios vacíos que se buscan reducir en el proyecto de ley que está en el congreso hace unos años y sin mayores avances.

Como medida paliativa a la urgencia en la legislación, el proyecto que modifica la Ley del Consumidor que se tramita en el Congreso, otorgará facultades al SERNAC en materia de datos de las personas en el marco de las relaciones de consumo.

La ciudadanía está cada vez más preocupada del uso y protección que las empresas e instituciones públicas realizan de sus datos personales. De este modo, la confianza digital se ha convertido rápidamente en el principal diferenciador en la experiencia del cliente.

La pandemia aumentó exponencialmente los riesgos relacionados al robo de datos personales y fraude por el incremento del e-commerce, la telemedicina, la educación y trabajo a distancia.

Más del 95% de las empresas a nivel nacional han mantenido trabajadores desempeñándose en modalidad de teletrabajo, convirtiéndose en uno de los principales flancos de ataque de los ciberdelincuentes. Por otro lado, la falta de programas de sensibilización y capacitación en ciberseguridad y protección de datos en instituciones públicas y privadas, como también para educar a la ciudadanía en estas materias, se traduce en riesgos de robos de datos y fraudes cada vez más latentes en todo el país.

El “Informe sobre el costo de una brecha de datos” realizado por Ponemon Institute e IBM Security en 2020, contempla los resultados de 524 empresas en 17 países (entre ellos Estados Unidos, India, Reino Unido, Alemania y por primera vez en el informe, América Latina, incluyendo México, Argentina, Chile y Colombia), y evidencia que el costo total promedio de una brecha de datos entre 2014 y 2020 fue de 3,79 millones de dólares. Esta es la punta del iceberg, ya que según McKinsey, de cada dólar que se pierde en un fraude, las instituciones pierden casi tres dólares, es decir, que de 175 millones de dólares de pérdida directa por fraude cibernético, se incurre en 525 millones de dólares de pérdida indirecta causada por transacciones rechazadas, interrupción de servicios, cierre de sucursales, multas y restituciones a los clientes.

Las cifras son elocuentes y deben hacernos reflexionar sobre el valor de nuestros datos personales y los riesgos que conlleva su mal uso y falta de resguardo de parte nuestra y de terceros.

Publicada por El Mercurio.