Señor Director:

A raíz del caso de asignaciones directas en Antofagasta, entre el Serviu y la Fundación Democracia Viva, se ha puesto un manto de duda sobre miles de organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la materialización de políticas públicas. Sin duda, aquellos casos que despierten sospechas deben ser investigados, y si existen delitos, los responsables deben ser castigados.
La constitución de la comisión presidencial de probidad convocada por el Presidente Boric abre la oportunidad de reforzar las obligaciones de transparencia en el sector, y contribuye a resguardar la fe pública y el cuidado y transparencia tanto de recursos fiscales como de donaciones privadas que canalizan este tipo de instituciones.

También abre la oportunidad para generar separaciones entre la política y la contribución de la sociedad civil, buenas prácticas integradas en los marcos legales de países con alto nivel de filantropía (Aninat, Vallespín, Villar, CEFIS, 2020). Sin embargo, también plantea riesgos de establecer controles burocráticos excluyentes que concentren en pocas organizaciones la posibilidad de colaboración con el Estado. Evitar esto requiere instaurar no solo exigencias, sino también apoyo y capacitación para fortalecer el tercer sector. El tercer sector es mucho más que un proveedor de servicios del Estado. Es un espacio de convergencia donde las voluntades, los recursos y las capacidades profesionales se ponen al servicio del bien común, donde se generan aprendizajes e innovación y se colabora con la función pública. Un tercer sector robusto, plural y activo, es un lugar donde construimos democracia, y es deber de todos cuidarlo.

Carta publicada en El Mercurio junto a Magdalena Aninat, presidenta Consejo Asesor CEFIS, y Rodrigo Villar, investigador senior del CEFIS.