A sólo cinco días de terminar su mandato, la Presidenta firmó en la Moneda el proyecto de nueva Constitución.

El reconocimiento de pueblos indígenas, la iniciativa ciudadana de ley, la protección de ciertos derechos sociales y las modificaciones a los controles contramayoritarios serían algunos de los elementos más relevantes de la propuesta. Sin embargo, más allá del contenido propio del texto, lo que más ha despertado las críticas se relaciona con el timing escogido por la Mandataria. Pese a que era uno de los grandes temas de su campaña, el cumplimiento de un compromiso electoral estaría lejos de ser motivación suficiente para presentar una nueva Carta Magna.

Por eso mismo, más allá del romanticismo inherente al cumplimiento de uno de los tres pilares de su programa, sólo parecen asomarse efectos negativos luego de la decisión tomada.

Vamos por partes. En primer lugar, quienes abogan por una nueva Constitución han señalado que con el mero cumplimiento testimonial de la Presidenta -como lo calificará Felipe Harboe se habría terminado por sacrificar el momento constituyente. Y es que, siguiendo esta línea, ha llamado la atención el secretísimo en la redacción del texto finalmente presentado, el cual no respondería al ropaje representativo y participativo con que se ha intentado vestir la propuesta. Sin ir más lejos, el mismo presidente del Consejo de Observadores convocado por la Presidenta, Patricio Zapata, ha criticado en los últimos días el método utilizado, denunciando su lejanía de los partidos políticos y prescindencia de un proceso de consultas a entidades académicas sociales o ciudadanas.

Sin embargo, ¿se podía acaso esperar algo distinto? Es una pregunta válida, pues los problemas identificados en los últimos días por quienes abogan por una nueva Constitución -como el mismo Patricio Zapata, Jorge Contesse o Ignacio Walker- parecían altamente previsibles. De hecho, hace casi un año, Claudio Alvarado -en “El derrumbe del otro modelo” (2017, editorial IES)- ponía especial énfasis en el probable fracaso del proceso costituyente a la hora de acumular poder político. “Nos guste o no? señalaba Alvarado? un cambio constitucional en democracia requiere acuerdos, y ello a su vez exige liderazgos contundentes, tan abiertos al diálogo como capaces de indicar con claridad el norte al que se apunta”. Pese a esta advertencia, y a diferencia de lo que muchos constitucionalistas se esforzaron por promover, Michelle Bachelet estaría terminando su gobierno con una propuesta trabajada entre cuatro paredes, sin consultar siquiera a sus ministros y cayendo en las mismas críticas que tanto han realizado a las reformas de 1989 y 2005.

Pero si este cumplimiento testimonial de la presidenta podría suponer un revés para quienes han trabajado por una nueva Constitución, también implicaría una primera gran prueba para aquellos que promueven sólo reformas concretas a la actual Carta Magna. Y en este sentido, las decisiones tomadas por el nuevo gobierno en los primeros días del mandato no serán para nada irrelevantes. El nuevo Ministro de justicia, Hernán Larraín, ya se ha mostrado crítico del proyecto, calificándolo como un “saludo a la bandera” y como un “ejercicio sin destino”.

Sin embargo, debemos ciertamente esperar sus primeras acciones en el nuevo caigo para juzgar la verdadera consistencia de sus opiniones.

Con todo, lo cierto es que -como ya se ha dicho- el proyecto enviado al Congreso pasará probablemente a la historia como la “Constitución de Bachelet”. No será la de sus partidos, ni la de sus votantes, ni mucho menos la de la ciudadanía. Simplemente será la última tentación de Michelle, su ideario personal hecho Carta Magna.

Publicado  en  El Mercurio de Valparaíso.