La equidad de género se refiere a una situación en que no hay diferencias entre hombres y mujeres en derechos, responsabilidades, y oportunidades; es considerada un derecho fundamental y una condición necesaria para un mundo cohesionado, próspero, y sostenible. El empoderamiento económico es un elemento necesario para lograr dicha equidad: se refiere a mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas, como buenos trabajos, servicios financieros, y activos productivos, entre otros.
En relación a este objetivo, las mujeres chilenas obtienen menores salarios que los hombres (al igual que el resto del mundo). Esta desigualdad de salarios en nuestro país se debe en menor medida a discriminación o barreras legales, y más a un conjunto de decisiones que toman las mujeres en su adolescencia y juventud, y a lo largo de su vida, que impactan su acceso a buenos trabajos. Algunas decisiones son: terminar la enseñanza media, ingresar a la educación superior y de ser así, qué carrera estudiar, trabajar o no y cuántas horas, entre otras. La decisión de cuándo ser madre por primera vez es quizás la más determinante en el futuro de muchas mujeres, ya que impacta las posibilidades educativas y laborales, tanto las presentes como las futuras.
Diferentes políticas públicas han logrado reducir brechas económicas entre hombres y mujeres: políticas de financiamiento de educación superior, de salas cunas y jardines infantiles, el postnatal, y políticas de salud sexual reproductiva (que otorgan a mujeres la posibilidad de elegir el momento de su maternidad), entre otras. Todas contribuyen a igualar el acceso a oportunidades económicas.
Sin embargo, muchas mujeres toman decisiones según roles de género tradicionales o normas aprendidas socialmente, las que limitan el impacto de los instrumentos públicos disponibles. Quizás la más relevante es la noción de que el cuidado de los hijos es responsabilidad principalmente de las madres: muchas mujeres trabajan menos, en sectores con flexibilidad horaria, pero con menores salarios, para compatibilizar crianza con trabajo. Incluso políticas diseñadas explícitamente para facilitar la corresponsabilidad parental tienen efectos limitados: la ley de postnatal permite que las madres traspasen hasta 6 de las 12 semanas de postnatal al padre, pero menos de 1% de los padres ha hecho uso de esta posibilidad.
Estos ejemplos revelan que, para lograr mayor equidad entre hombres y mujeres, los roles de género tradicionales deben cambiar hacia una visión de igualdad en derechos, y especialmente en igualdad de responsabilidades en la crianza de los hijos. Esto es un desafío enorme y lento. No obstante, es fundamental estudiar e implementar iniciativas que faciliten este cambio social profundo para poder avanzar hacia una sociedad más igualitaria.