La reflexión que abre Ignacio Irarrázaval (martes) sobre la precariedad económica en la que se encuentran muchas organizaciones de la sociedad civil, como consecuencia de la rigidez administrativa para evitar otro caso Convenios, nos lleva a enfrentar las consecuencias que tiene la pérdida de confianza, hilo con el que tejemos nuestras redes en sociedad.

Por una parte, se han incrementado las barreras para recibir financiamiento por la ejecución de políticas públicas, lo que afecta principalmente a organizaciones pequeñas que tienen en el Estado a su principal financista. Y por otra, en organizaciones más grandes, con mejores espaldas financieras, el mayor riesgo reputacional asociado a equivocarse en normas cada vez más complejas y cambiantes hacen que se vean desincentivadas a aumentar su participación.

Como consecuencia, todos perdemos: las personas en situaciones de alta vulnerabilidad van perdiendo posibilidades de atención y apoyo, se pierde talento especializado, nuestra sociedad civil va perdiendo diversidad y pluralidad, y se desincentiva la cooperación público-privada.

En la encuesta Cadem (dic. 2023), la ciudadanía plantea que la ruta de las fundaciones para salir de la crisis pasa por someterse a fiscalizaciones financieras, transparentar sus fuentes de recursos, difundir su impacto y dar a conocer sus motivaciones. Llevar a cabo procesos de compliance, reportabilidad y transparencia activa y pasiva requiere fortalecer las capacidades de directivos y ejecutivos para liderar y aplicar estos procesos, tecnología para facilitar su desarrollo y canales abiertos de comunicación con la ciudadanía y el Estado. Además de un esfuerzo económico, también requiere dedicar tiempo, paciencia y buena fe.

En tiempos en que se está al límite, puede parecer contradictorio invertir en estos ámbitos. No dejemos pasar la oportunidad que presenta esta crisis para hacer cambios sustantivos en las organizaciones y así recuperar y fortalecer las confianzas.

Publicada en El Mercurio.