Celebrar la COP 25 en Chile es una gran noticia. No solo porque tiene que ver con nuestro protagonismo en las relaciones internacionales, sino que sobre todo porque nos obliga a asumir un mayor protagonismo con nuestro desarrollo futuro, el de las próximas generaciones. Para ser muy concretos, la capacidad que tendrán nuestros hijos, nietos, bisnietos, de satisfacer sus necesidades.
Este protagonismo tiene que ver con la mirada que América Latina puede ofrecer al mundo. Aquí, en el Sur, están emergiendo innovadoras y prometedoras formas de entender la relación con la naturaleza desde una perspectiva productiva. Es el caso de las empresas regeneradoras de vida. Empresas que, a través de su producción agrícola o ganadera, están regenerando ecosistemas degradados, recuperando la riqueza y resiliencia de los suelos. Y sí, siendo viables económicamente. En Chile podemos mirar más de cerca casos como Carnes Manada y Cultiva. Esto es vital para, por ejemplo, capturar carbono, uno de los grandes desafíos en el contexto del cambio climático. Estos ejemplos, desde el mundo privado, empuja a repensar políticas públicas. ¿Sólo debemos impulsar políticas de conservación o debemos impulsar nuevas políticas públicas que incentiven el manejo regenerativo como forma de producción?
Pero también en América Latina hay muchos desafíos y la COP25 nos obligará, al menos a nivel local, a abordarlos. Es una invitación que nos hemos hecho a nosotros mismos para repensar nuestros paradigmas productivos y desafiar realmente nuestra capacidad de innovación. Más allá de innovar para hacer más eficiente los procesos, o para realizar innovaciones incrementales en productos o servicios. La COP25 llama a la innovación en los modelos de negocios para la sustentabilidad. Chile puede ser un actor marginal a través de aportes a la mitigación al cambio climático, o puede ser un actor propositivo, con foco en la identificación de oportunidades sustentables para la creación de valor.
A su vez, esta es una invitación para revisar nuestra capacidad de adaptación. Desde Cepal se ha señalado que, en 2017, el costo económico total de los desastres relacionados con el clima alcanzó la cifra récord de 320.000 millones de dólares. Esto solo en términos económicos, pero debemos recordar que finalmente esto afecta de manera inconmensurable a las personas, y sus mundos personales y colectivos. Hace unos días, en la prensa nacional, se daba cuenta que un 40% de los municipios no cuentan con una institucionalidad para la gestión de riesgos para hacer frente a desastres socio-naturales que pueden estar asociados a los efectos climáticos: incendios de gran magnitud, aluviones, entre otros. La COP25 en Chile nos obliga a hacernos cargo de estas brechas. El desafío de la resiliencia se trenza con el de la sustentabilidad. Esto también es una oportunidad de innovación, desde el punto de vista de la gobernanza en la prevención y gestión de desastres, involucrando a la ciudadanía y diversas instituciones que pueden aportar con su conocimiento local, la valoración del territorio y percepción del riesgo.
En definitiva, este compromiso adquirido para el 2020 es una gran noticia, para hacernos cargo de nuestra propia agenda climática y para asumirnos como un actor, que desde lo que es, propone y demuestra.
Publicado en La Tercera.