Los historiadores, historiadoras, profesores y profesoras de historia abajo firmantes hemos recibido con preocupación la noticia de un paquete de reformas curriculares que impactará a los estudiantes de enseñanza media de nuestro país. Si bien conocíamos algunos antecedentes de este largo proceso, extendido durante los dos últimos gobiernos, no teníamos información detallada sobre los argumentos sustantivos que llevaron a tomar la decisión de eliminar la obligatoriedad de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 3º y 4º medio, ahora reubicada como parte de un “pool” de ramos electivos.

Las intervenciones del presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, y de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a través de redes sociales y la prensa, no han hecho sino profundizar esa preocupación. Esto, porque la falta de antecedentes sobre los contenidos y plazos efectivos de su eventual implementación ahondan la incertidumbre entre los profesores y profesoras, las instituciones educativas y los programas universitarios de pedagogía. Y sobre todo porque con sus declaraciones desconocen la importancia de una asignatura indispensable para cumplir los propósitos que la misma reforma se propone, y que en ningún caso se compensa reubicándola como parte de las asignaturas optativas dentro del proyecto.

El conocimiento que nos proveen las disciplinas que confluyen en esta asignatura resulta crucial para que los ciudadanos y ciudadanas logren situar su existencia en el tiempo, entiendan en toda su extensión y complejidad la idea de cambio y puedan así conocer y explicar su presente, interrogándolo y transformándolo.

Estas habilidades no son secundarias ni deberían ser opcionales. Se trata de insumos claves sobre las que reposa la vida en común, son herramientas que posibilitan el sostenimiento de una comunidad política que reconoce y soporta sus diferencias, y es con ellas con las que se imaginan los futuros compartidos. La historia, la geografía y las ciencias sociales pueden tener enorme impacto acompañando a los jóvenes en el desarrollo de un pensamiento crítico, pero no cualquier tipo de pensamiento crítico, sino uno espacial e históricamente situado, atento a las circunstancias, al espacio y a los desafíos que supone la vida en sociedad.

En reiteradas oportunidades este gobierno ha manifestado su compromiso con la democracia y los valores que la sostienen. Medidas como la eliminación de esta asignatura del currículum obligatorio –que precisamente nos aproxima a la experiencia de hombres y mujeres que en otras épocas debieron hacer frente a preguntas similares– no hace sino poner en tensión esas declaraciones, instalando dudas sobre su consistencia. Tener familiaridad con los aspectos históricos, espaciales y sociales de los fenómenos es de suyo relevante para la construcción de aquellos lazos que hacen la vida en sociedad un horizonte deseable. La señal de que su conocimiento puede ser una cuestión opcional parece una apuesta fuerte en tiempos donde es precisamente la democracia la que zozobra.

Esto en ningún caso supone desconocer el protagonismo que la formación en Educación Ciudadana puede tener para la constitución de una ciudadanía crítica. Sabemos de la larga historia de esta nueva asignatura, instituida por una ley aprobada en el Congreso Nacional, y concebida como respuesta a los desafíos enfrentados por nuestro sistema institucional en los últimos años. En ese sentido, reconocemos el lugar que hoy reclama y el papel que le cabe a los profesores de historia enseñándola. Pero más allá de la eventual proximidad entre algunos de sus contenidos, se trata de asignaturas que no pueden ser equiparadas por efecto de una simple intuición técnica. Educación Ciudadana e Historia, Geografía y Ciencias Sociales pueden acompañarse, pero no sustituirse en el propósito de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas preparados para los desafíos del siglo XXI.

A lo anterior se suma un cuestionamiento de tipo político, referido a la forma en que se diseñan, planifican, revisan e informan las políticas públicas en nuestro país. El hecho de que la preparación de este proyecto de reforma curricular se haya conocido mediante una nota de prensa y no a través de una comunicación ministerial de carácter oficial, no sólo es síntoma de la enorme distancia que separa a las autoridades de los profesores  y profesoras que enseñan en las aulas escolares, sus comunidades educativas, y los académicos y académicas que producen conocimiento relevante en las disciplinas involucradas, sino también de la escasa consideración del protagonismo que debe tener la sociedad civil en procesos tan relevantes para el presente y futuro de una comunidad política.

La elaboración de políticas públicas tan relevantes como las reformas curriculares exige que las autoridades redoblen sus esfuerzos por garantizar procesos participativos y transparentes. En nuestra memoria tenemos la propuesta de reforma de 2010, que reducía las horas lectivas de la asignatura de Historia. Cientos de historiadores y profesores de historia salieron a la palestra y se organizaron para expresar su rechazo. Recién a fines de diciembre de dicho año algunos integrantes del Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales pudieron revisar las actas del Consejo Nacional de Educación, constatando que pese a todos los informes de expertos que contravenían la propuesta de reducción de horas, el CNED terminó aprobándola por unanimidad. Son experiencias como estas las que nos preocupan en esta nueva coyuntura.

No perdemos de vista que esta reforma es también parte de un diseño mayor orientado a garantizar que todos los jóvenes chilenos tengan igualdad de acceso a la educación superior y al mundo laboral, avanzando hacia un plan de formación común a todas las instituciones educativas, sean técnico-profesionales, humanista-científicas o artísticas. Es precisamente por la justicia que reposa en este propósito, y la relevancia del paso que se da para su materialización, que demandamos espacios de participación significativos en el proceso, y en especial en la definición de aquellos conocimientos sobre los que se asentaría el currículum propuesto.

A partir de lo señalado, los historiadores, historiadoras,  profesores y profesoras de historia abajo firmantes solicitamos a la Ministra de Educación y al CNED que entreguen toda la información sobre este proceso y que se abra una ronda de consultas y espacios de participación a los actores relevantes: profesores de aula de los distintos establecimientos educacionales, historiadores que realizan investigación en las distintas universidades del país, así como especialistas en didáctica de la historia y las ciencias sociales.

Asimismo, rechazamos de plano que las políticas públicas se hagan de espalda a la ciudadanía y se impongan decisiones solo sancionadas por los miembros del CNED, cuya composición responde más a equilibrios político-partidarios que a las necesidades de un organismo que debe ofrecer garantías ciertas sobre el vínculo entre nuestra educación y los valores que demanda la vida en sociedad.

Como historiadores, historiadoras, ciudadanas y ciudadanos nos rehusamos a ser simples espectadores de cambios tan relevantes para la formación de las actuales y futuras generaciones de chilenos. Como historiadores, historiadoras, ciudadanos y ciudadanas manifestamos nuestra total disposición para participar de una discusión amplia y abierta, con todos los actores pertinentes, que nos permita reconocer el crítico papel que cumple el conocimiento de la historia, la geografía y las ciencias sociales en la construcción de aquellos vínculos que hacen la vida en sociedad posible y necesaria.

*Carta firmada junto a más de setecientos historiadores.

Publicada en Ciper.