El economista, PH.D. in Economics de la Universidad de Michigan y profesor de la Escuela de Gobierno UAI, Claudio Agostini, fue entrevistado por el diario Pulso donde conversó sobre recursos necesarios para la gratuidad universal en educación, proyecciones del PIB y sistemas de estructura tributaria.

– El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que el debate sobre cuándo se alcanzará la gratuidad universal es inconducente, ¿con los recursos actuales se llegará a esa promesa?

Con los números que entregó el ministro de Hacienda hay dos caminos a seguir. El primero esperar que el crecimiento económico genere la recaudación suficiente, pero eso puede demorar entre 70 a 80 años porque la elasticidad de la recaudación tributaria sobre el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) es como 1,04 puntos en la mayoría de los países. Eso quiere decir que cuando la economía crece, la recaudación crece más, y en algún momento se llegaría al 29,5% que es el umbral para la gratuidad universal. Por ejemplo, si consideramos un PIB de 3% y la elasticidad más favorable de 1,1%, llegaríamos a la gratuidad universal en 47 años. Si se hace el mismo ejercicio, pero con la elasticidad promedio de 1,04% llegamos en casi 100 años. 

– ¿El otro camino cuál sería?

El otro camino es hacer otra Reforma Tributaria.

– Considerando el efecto que provocó en la economía el debate de esta Reforma Tributaria, ¿cuál es el espacio para subir impuestos? 

Hay cosas que no se abordaron en la Reforma, y que siempre he propuesto: el impuesto al diésel en Chile es un cuarto de lo que debiera ser. Hoy es 1,5 UTM por metro cúbico, bajo lo recomendable. Hay dos estudios que afirman que por la externalidad que provoca este combustible, el gravamen debería ser de 7 UTM. Si se aumenta a 7UTM habría una recaudación de US$1.800 millones anuales. 

– ¿Ve factible que esto se haga?

En la academia hay un acuerdo amplio sobre el nivel que debe tener este impuesto, pero el problema es político. Ningún Gobierno se ha atrevido a modificarlo porque hay un grupo de presión que son los camioneros que se sienten con el derecho a tomarse las rutas. Me parece muy complicado que un grupo de la sociedad se sienta con el derecho de decir que no le suban los impuestos. También se pueden eliminar exenciones como la renta presunta, lo que recaudaría unos US$200 a US$ 300 millones.

– Con respecto al sistema ¿quedó conforme en la nueva estructura tributaria?

No estoy conforme. El que exista un sistema semi integrado es un error. El sistema de impuesto a la renta tiene que ser integrado por una razón de justicia horizontal, ya que bajo el sistema aprobado dos personas que ganan lo mismo -uno, empresario y otro empleado- no pagan lo mismo, en cambio con el integrado sí. 

– ¿Por qué quedó este sistema, entonces?

No lo sé. Esto salió en la cocina con las galletitas, y como se hizo de espalda de la ciudadanía y al Congreso, no sabemos. Cuando uno revisa las presentaciones durante la discusión de la Reforma Tributaria nunca nadie propuso un sistema semi integrado. Los que tienen que explicar por qué tenemos un sistema semi integrado son el ex ministro Alberto Arenas y Juan Andrés Fontaine que estaban comiendo galletitas. 

– ¿Este sistema se aplica en otra parte del mundo?

No. La mayoría de los países tienen o un sistema integrado o un desintegrado completamente. Este bicho semi integrado es un invento chileno. 

– ¿Hubo problemas en el cálculo de los ingresos que iba a generar la Reforma Tributaria o del costo de la gratuidad?

Los gastos para la Reforma Educacional son mucho más altos de lo que el ministro Arenas dijo en su momento, porque además se suponía que esta reforma iba a alcanzar para gastos en educación, salud, pensiones y balance estructural; y hoy día nos damos cuenta que aunque se recaudaran los 3 puntos del PIB no se logra financiar toda la Reforma Educacional que tiene un costo total de 3,6 puntos del PIB. 

– ¿Está en duda la recaudación de los cambios tributarios?

Con lo que sabemos hoy día sigo siendo escéptico de que vaya a recaudar 3 puntos del PIB. Por varias razones: si analizamos la recaudación de 2015 debemos considerar que si bien se cumplió lo que proyectaba el informe financiero que era 0,97 puntos del PIB, si vemos el detalle, 0,6 puntos fue por el ingreso transitorio del blanqueo de capitales. A fines de 2017 podremos tener una visión más completa de cuánto recaudará la reforma. 

– ¿Faltó una mayor exigencia sobre los informes financieros de la Reforma Tributaria y educacional?

Cuando se anunció la Reforma mucha gente se preguntó qué iba a financiar y la respuesta nunca estuvo clara, ni tampoco cuánto sería el costo total de la Reforma Educacional. Recién ahora, 2 años y medio después se sabe el costo total y da la impresión de que no estaban calculados los números, o si lo estaban, estaba mal calculado. 

– ¿El Congreso debe tener más herramientas para examinar estos informes financieros de los proyectos de ley?

Hay una asimetría de información entre el Gobierno y el poder Legislativo. Cuando se envía un proyecto de ley con su respectivo informe financiero, los parlamentarios no tienen herramientas para cuestionar esos datos. No tienen más alternativa que creer o no creer. Hace falta una institucionalidad que contrarreste los informes financieros de los proyectos de ley. 

– ¿Algo como un Consejo Fiscal Asesor más empoderado?

Podría ayudar, pero a mí me gusta más el sistema que opera en EEUU, donde en el propio Congreso hay una institución autónoma con las herramientas para verificar todas las cifras que el Gobierno presenta. Porque hoy día el Gobierno no tiene ninguna contraparte así en el Congreso.

Fuente: Pulso – 19 de julio de 2016.