Chile ha sido pionero en la licitación de concesiones de obras de infraestructura, proceso iniciado hace 25 años. Esta política ha sido fundamental para atenuar el déficit de infraestructura y para el desarrollo económico del país. En este proceso se han producido aprendizajes y cambios. Es así como, luego de un largo periodo en que el criterio de licitación fue por plazo fijo y menor tarifa, se gira hacia un esquema de licitación por plazo variable y menor valor presente de los ingresos. Recientemente el Ministerio de Obras Públicas anunció que volverá a licitar por plazo fijo.
Hugo Vera , Director Concesiones MOP; Leonardo Daneri, Presidente de COPSA; Jennifer Soto, Profesora ESE; Patricio Arrau, Presidente de Gerens S.A y Alexander Galetovic, Senior Fellow, UAI se reunieron para conversar sobre cómo ven el panorama de volver a concesiones de plazo fijo.
Para Galetovic “volver a concesiones de plazo fijo es repetir el error de las primeras licitaciones”. Agrega que los contratos de plazo variable han funcionado, no hay ninguna razón para creer que no funcionen, además sí se pueden financiar concesiones de plazo variable.
Hugo Vera plantea la importancia de avanzar en nuevas relicitaciones. “Creemos que atrae más al inversionista”. Además se refirió a la licitación del tramo Talca-Chillán, “no queremos coartar la iniciativa del privado que nos va a entregar mejores usos para esta infraestructura”.
Por su parte, Patricio Arrau, aseguró el potencial del Fondo de Infraestructura como instrumento para dinamizar la inversión. “El gasto en infraestructura tiene un potencial tremendo para expandir y adaptar la economía sectorial y territorialmente, por lo que tenemos que apostar mucho más ahí”. Además invitó a abrir la mente en materia de diseño y a dialogar de forma constructiva entre la alianza público-privado.
Jennifer Soto planteó que para que este sistema de concesiones sea exitoso hay que preocuparse de todos sus stakeholders, entre ellos el Estado, ya que alguien tiene que financiar las licitaciones, por lo que la primera pregunta que debe hacerse el Estado para que esto funcione si están los recursos disponibles. “Hay que cuidar a los bancos y a las compañías de seguro, porque hay que estar seguro de que hay financiamiento detrás”.
“Los concesionarios no defendemos ningún tipo de contrato”, fue lo que dijo Leonardo Daneri. Él plantea que las asociaciones público-privadas permiten al Estado desarrollar obras bajo el principio de “el que usa paga” potenciando su gestión y focalizando recursos en otros sectores donde el usuario no puede pagar.