El profesor de la Facultad de Derecho UAI y director de Razones Constituyentes UAI, Rodrigo Correa, expuso en la audiencia de la Comisión Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, una de las 7 comisiones encargadas de articular y dar forma a la nueva carta Magna.
En este contexto, el profesor Correa expuso sobre la “Integración de la Corte Suprema” y la importancia de este órgano; su administración y organización, en el marco de la redacción de la nueva Constitución.
Durante su presentación, sostuvo que una de las grandes problemáticas de la organización de la judicatura, básicamente está centrada en la Corte Suprema: “tiene una competencia demasiado amplia e irracional, ve demasiadas cosas y funciona al límite. La Corte tiene 21 ministros que funcionan en 4 salas, uno preside y no integra sala y, por lo tanto, son 5 ministros por sala; la ley establece que no puede sesionar una sala con menos de 5 ministros. Eso significa, por lo tanto, que, si se enferma un ministro o tiene comisión de servicio, por ejemplo, hay que llamar a alguien para compensar el vacío. Y ahí entran los abogados integrantes”. Sin embargo, advirtió que “es un error considerar que el problema son los abogados integrantes, Ellos son una mala solución a un problema y es importante enfrentar el por qué se producen vacantes en la Corte y se debe recurrir a jueces suplentes”.
Si bien advirtió que este tema no depende solo de la Constitución y que es imposible que se resuelvan todos los problemas de organización judicial en esta instancia, sostuvo que sí debe ser abordado, enfatizando que tiene que ver con hacerse cargo de la Justicia Contenciosa Administrativa y de la Corte Suprema como tribunal de instancia. “Respecto a lo contencioso administrativo, en la Constitución de 1925 estaba escrito que existirían los Tribunales Administrativos, pero fue una promesa incumplida por décadas. Eso significó que cada vez que un ciudadano tuviera un problema con la administración, no podía ser resuelto por tribunales. La solución de la Dictadura a eso fue crear el Recurso de Protección, que en parte vino a resolver la inexistencia de tribunales administrativos y hoy es el principal mecanismo para litigar con el Estado, pero tiene una infinidad de problemas. A modo de ejemplo, la tercera sala de la Corte tiene 30 mil ingresos al año; en Estados Unidos la Corte Suprema resuelven en totalidad 80 a 90 casos en el mismo período; eso significa que los Recursos de Protección en Chile se resuelven mal, sin oír alegatos y con poca información”, señaló el profesor Correa.
Agregó, además, que en Chile nos hemos llenado de tribunales administrativos ad hoc –tributarios, ambientales, de compra- que no existen en ningún país razonable del mundo, por lo que llamó a los representantes de la Comisión a hacerse cargo del problema contencioso administrativo en el sistema judicial.
Se puede acceder a las audiencias en convencion.tv