A propósito del alto ingreso de extranjeros al país en los últimos años y las medidas que ha adoptado el actual gobierno para mitigar este fenómeno, la Facultad de Derecho organizó el seminario “Paradigma del derecho migratorio chileno”, actividad en la que diversos expositores debatieron sobre este complejo escenario desde una mirada académica, política y social.
Al comenzar el seminario, el decano de la facultad, Ramiro Mendoza, planteó la necesidad de debatir acerca del fenómeno de la migración: “este tema tan complejo no se trata solo del impacto económico que tiene dentro del país, sino que también se trata de un trasfondo cultural que va a impactar, por ejemplo, en la gestión de servicios públicos y que va a tener un efecto a largo plazo que todavía no somos capaces de dimensionar”, reflexionó.
El primero en exponer fue el profesor de Derecho Internacional de la UAI, Fernando Laiseca, quien manifestó que, en el derecho comparado, lo que intentan muchas de las legislaciones migratorias es extranjerizar al inmigrante con barreras para que no llegue a ser ciudadano, es por esto que en cuanto al proyecto de ley presentado por el Gobierno chileno sobre esta materia, Laiseca afirmó que “en el texto se puede descubrir esa mirada tradicional, que ve al fenómeno migratorio desde un punto de vista utilitarista, selectivo y de seguridad”.
El académico también explicó que el proyecto de ley podría generar un tipo de vínculo entre la criminalización y los migrantes, así como también criticó que deje amplios vacíos en materia de salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Laiseca también recordó que en 2008 Chile firmó una declaración de la UNASUR en la que se reprochaba la política migratoria de puertas cerradas adoptada por la Unión Europea, reconociendo el derecho a la libre movilidad como derecho humano.
Desde el ámbito social, el director nacional del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, formuló la siguiente interrogante: “para quién tenemos que hacer las leyes, ¿para los extranjeros o los seres humanos?”, e hizo un llamado a no criminalizar a los migrantes, ya que “los datos revelan que solo el 0,1% de los extranjeros que residen en el país ha recibido algún tipo de condena”.
Asimismo, dijo que “el problema no fue que llegaran muchos migrantes, sino que no tuviéramos políticas públicas. Si tenemos una política pública adecuada que facilite la integración, esto al menos va a generar una disposición distinta. (…) Se necesitarán leyes, pero también testimonios; ojalá que cada vez más escuchemos a los inmigrantes”, sentenció Vicuña.
Posteriormente, la profesora Mayra Feddersen, quien ha investigado el registro histórico del derecho migratorio en la legislación chilena, se refirió a la actual ley de extranjería que data de 1975 y al paradigma de seguridad con que ésta se rige, es decir, aquellas normas que impidan el ingreso de extranjeros al país: “estos impedimentos de ingreso determinan la calidad de extranjeros que el legislador desea que formen parte de Chile”.
Feddersen desmintió que esta ley de 1975 haya creado el paradigma de seguridad, dado que éste ya estaba presente en las leyes de 1918 y 1953; ni tampoco fue la responsable de consolidar este paradigma, ya que las modificaciones propuestas después de 1990 continuaron con el mismo enfoque. La académica hizo una comparación de los proyectos formulados por los distintos gobiernos desde 1990 en adelante, concluyendo que “pareciera no existir mucho cambio entre la legislación de extranjería (1975) y los proyectos que se han desarrollado con posterioridad, en lo que se refiere a los impedimentos de ingreso al país, por lo que se puede inferir que el paradigma dominante es el de seguridad”.
Por otro lado, en representación del gobierno, el asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior, José María Hurtado, reconoció que el proyecto de ley está basado en el paradigma de seguridad, pero aseguró que también hay un respeto hacia los derechos humanos de los inmigrantes. Para Hurtado, las claves que establece el proyecto son “la igualdad de derechos, la migración informada, el respeto a los derechos humanos y a la integración, inclusión e interculturalidad”. El asesor señaló que Chile hoy no tiene una política migratoria definida y culpó a la administración previa de validar un sistema que facilita la irregularidad migratoria: “las políticas adoptadas en el gobierno anterior provocaron un desorden migratorio de proporciones, ya que el lugar que más facilitaba el ingreso al país de los extranjeros en Sudamérica era Chile”, recalcó.