Con algunas preocupaciones, pero confiada en el proceso, la doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jessica Fuentes, conversó con el programa de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Región F, respecto del inicio del trabajo para la redacción de una nueva Carta Fundamental, en manos de la recién instalada Convención Constituyente: “La Convención no cogobierna, sino que está dedicada a la redacción del nuevo texto constitucional”, advierte de entrada, explicando que aquello deriva del mandato establecido por la propia ciudadanía.

En todo caso, asegura que “no hay que tener miedo a plantear todos los temas. Esta es una agenda abierta”, pero aclara que “lo importante es que los procedimientos y la validación viene dada por la legitimación que ya le dio el pueblo”.

En ese sentido, Fuentes explica que dentro de los obstáculos a los que se enfrentará la Convención está el llegar a consensos que les permitan avanzar en la redacción del nuevo texto. “Va a ser clave el cómo se van a poner de acuerdo en términos del reglamento, es decir, de qué manera ellos van a generar los consensos y van a tomar sus acuerdos. La gran prueba de fuego de inicio, de entrada, va a ser precisamente el tema del reglamento, porque va a determinar cuán fácil o cuán difícil puede ser llegar a consensos más adelante”.

Las esperanzas puestas por la ciudadanía en la nueva Carta Fundamental son también un tema complejo para la abogada. Al respecto, afirma que “las expectativas son el peligro más grande, porque la comunidad está esperando que a través de un texto se resuelvan sus problemas cotidianos. Es sumamente complejo después explicar que no era esa la vía” y advierte que “generar grandes expectativas y después no responder a ellas, el peligro puede ser una desazón tan grande, que yo no sé a dónde pueda llegar dentro de una comunidad, y me asusta que incluso quienes intervienen en el proceso generen aún más expectativas y no den cuenta en realidad de lo que se está haciendo, de lo que correspondería”.

A su juicio, tanto el Estado como los mismos constituyentes son los encargados de aclarar y “tomar las riendas de lo que es la transparencia de la información, poder educar de mejor manera y lo más prontamente posible a la comunidad”, lo que –dice- también pasa por las organizaciones sociales que llegaron a la Convención, las universidades y los centros de estudio. En esa línea, plantea que a todos “nos toca difundir información transparentemente a la comunidad para que esté clara y para que moderemos las expectativas y sepamos también qué esperar”. Y es enfática: “El riesgo más grande es no responder a esas expectativas”.

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