Daniel Soto es el Director Académico del curso Fraudes Corporativos que dicta la Escuela de Negocios. En una columna de opinión, ahonda sobre los recientes escándalos por fraudes que han afectado tanto a instituciones públicas como privadas, analizando las razones y los desafíos a futuro. A continuación, su columna:
“Los escándalos financieros más recientes han golpeado por igual a empresas privadas e instituciones públicas. Estos fraudes han causado menoscabos importantes al patrimonio de las organizaciones (las cuentas fiscales de Carabineros, los fondos de la ley reservada del cobre en el Ejército, la propiedad de los accionistas en La Polar), han afectado a los contribuyentes y la confianza en el sistema político (Penta, SQM y Caval), han perjudicado directamente a los consumidores (colusión de productores de pollos, papel higiénico, pañales, empresas navieras y farmacias) y han arruinado a un sinnúmero de inversionistas (AC Inversions, Aurus, Think & Co. de Rafael Garay). Al mismo tiempo, los desfalcos han generado daños reputacionales inconmensurables a las instituciones involucradas, siendo estos proporcionalmente más grandes, y presumiblemente más perdurables, mientras más alta es la confianza que los consumidores tienen en ellas.
Las estadísticas más actualizadas sobre fraudes a nivel mundial provienen de los informes bianuales de la Asociación Certificadora de Examinadores de Fraudes de los Estados Unidos (ACFE). En 2016 se reportó que los fraudes ocupacionales -los cometidos por empleados, administradores o ejecutivos que usan su posición para infringir la ley en beneficio propio-, significaban un costo promedio del 5 % de las utilidades anuales de las empresas del mundo. El análisis de 2.410 casos ocurridos en 114 países determinó que las pérdidas a nivel mundial superaban los 6,3 billones de dólares, de los cuales 174 mil millones correspondían a Latinoamérica y El Caribe. Esto, sin contar otra importante merma que es el descrédito de las firmas defraudadas y el costo emocional de las víctimas directas y del público que se siente desengañado. Según la ACFE, las principales categorías de delitos ocupacionales que afectan a las empresas hoy en día son: la apropiación indebida de activos (que incluye hurto, desembolsos fraudulentos y mal uso de bienes), la corrupción (el ejercicio de influencia en transacciones comerciales para obtener una ventaja o favorecer a otra persona, incluyendo conflictos de intereses, sobornos y gratificaciones ilegales) y los costosos fraudes de estados financieros.
Aunque casi todas las personas están en condiciones de cometer un fraude económico, solo algunas resuelven perpetrarlo. En los años 70 el criminólogo estadounidense Donald Cressey formuló el denominado “triángulo motivacional del fraude”. Según este, una persona común y honorable podría estar dispuesta a defraudar cuando se reúnen tres condiciones: 1) percibe una presión, tal como una necesidad financiera, una adicción o apremio laboral; 2) vislumbra que se presenta una oportunidad de cometer fraude, de encubrirlo o de evitar su castigo; y 3) racionaliza el fraude como algo aceptable, es decir, encuentra una justificación para la comisión del acto inapropiado.
El modelo explicativo de Cressey resulta útil para entender la forma cómo una persona comienza a involucrarse en un fraude, pero el panorama en la práctica resulta más complejo porque la mayoría de los fraudes son perpetrados por grupos de personas. Según un estudio de KPMG publicado en 2016, el 62 % de los fraudes que perjudicaron a las corporaciones en los años recientes fueron perpetrados por grupos de personas que trabajaban dentro de las empresas defraudadas, que contaban con más de seis años de antigüedad laboral, cuya edad fluctuaba entre los 36 y los 55 años y que se desempeñaban en cargos directivos.
Como revelan los últimos casos de fraudes de estados financieros ocurridos en el país, en la perpetración de los esquemas más complejos de desfalcos se requiere la participación de varias manzanas podridas y es sabido que una manzana podrida puede fermentar todo el cajón. Para que la putrefacción se expanda y entre en contacto con el resto de las manzanas se requiere que existan líderes depredadores que tengan capacidad de influir en colaboradores accidentales (“las manzanas podridas”), que los controles internos no funcionen (el “cajón podrido”) y que exista una cultura organizacional permisiva para los defraudadores (la “cosecha podrida”). Entonces, el desafío de todas las organizaciones es hacer frente al fraude implementando mecanismos que pongan freno a la corrupción, limiten la colusión y detecten proactivamente los síntomas de ocurrencias de fraude”.