En base a lo planteado en el seminario “Filantropía: Desafíos y oportunidades” organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) a fines de junio pasado, Magdalena Aninat, directora Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI, junto a Gloria de la Fuente, ex presidenta de Fundación Chile 21 y actual directora del Consejo para la Transparencia y Carolina Fuensalida, abogada tributaria y ex coordinadora de Modernización Tributaria del Ministerio de Hacienda, elaboraron el documento “Donaciones en Chile. Análisis del marco legal vigente y propuestas para su modernización” publicado por el CEP el viernes 30 de octubre.
El documento se refiere a la relación entre filantropía y sociedad civil, repasa el marco legal que rige hoy en día las donaciones en Chile a la luz del estudio del CEFIS que compara la regulación chilena versus otras de América Latina y países OCDE, toca los efectos prácticos que la “dispersión legislativa” chilena tiene sobre el ecosistema filantrópico nacional y concluye con la propuesta para una Ley General de Donaciones basada en 10 principios clave, publicada en octubre por el CEFIS, el CEP, Chile 21 y otros 13 centros de estudios.
La propuesta, que fue publicada en la sección Punto de Referencia del CEP, está pensada desde el actual escenario nacional, marcado por los severos efectos que la pandemia del Covid-19 ha tenido en Chile, que han dejado en evidencia la necesidad de contar con respuestas ágiles para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria, además del valor de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de movilizar recursos y entregar respuestas integrales y pertinentes a las comunidades afectadas. Lo que plantean Aninat, De la Fuente y Fuensalida, es que las OSC aportan innovación a la solución de problemas sociales complejos y articulan espacios de cooperación entre actores sociales en torno a intereses comunes, contribuyendo a canalizar la participación de la ciudadanía en la vida pública, avanzando así en construcción de confianza, cohesión social y colaboración multisectorial. Por lo mismo, las autoras plantean que para garantizar que las OSC continúen su labor de aportar al bienestar social, es necesario que cuenten con un marco regulatorio adecuado, que les permita acceder a los recursos suficientes para sustentarse en el tiempo.
*El documento puede ser descargado AQUÍ. Además fue publicado por La Segunda el 4 de noviembre.